La magistrada encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA ha decidido solicitar a la Conselleria de Emergencias y a la productora contratada el 29 de octubre, día en el que se produjo la devastadora catástrofe que resultó en 229 muertes, la entrega completa de las grabaciones del suceso, asegurando que deben ser presentadas sin ningún tipo de edición.

En una orden emitida recientemente, la jueza de Catarroja realiza esta diligencia en respuesta a la demanda presentada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que había señalado la existencia de un material audiovisual -un corto publicado en el Instagram de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas- que contiene imágenes no vistas anteriormente en otros reportajes sobre la tragedia.

El mencionado vídeo, de 59 segundos y sin sonido, mostraba a la exconsellera durante el día de la tormenta, y ACPV destacó que, al examinarlo, se podían identificar tomas que no se correspondían con grabaciones previas, incluyendo evidencias como un reloj marcando las 12:46 y conversaciones con técnicos del 112 en momentos que no habían sido registrados anteriormente.

La jueza, tras analizar el vídeo, determinó que las secuencias presentadas por ACPV no coincidían completamente con aquellas ya proporcionadas por la Conselleria y la productora. Cita resoluciones anteriores para justificar la necesidad de tener acceso a la grabación completa sin editar, remarcando que la seriedad de los hechos investigados exige tal requerimiento.

Argumenta que las imágenes y el contenido de audio de grabaciones previas han sido fundamentales para entender la magnitud de la responsabilidad de la Administración autonómica en el control de los barrancos, lo que implica la necesidad de un correcto despliegue de recursos en esta situación crítica.

Además, la jueza ha considerado la solicitud de ACPV para obtener los datos de localización del asesor de Pradas, con el fin de que se le pida que entregue urgentemente los vídeos que grabó el día de la tragedia. Tras citar a este asesor para declarar, se definirá el proceso para obtener el material grabado en su propiedad.

Asimismo, se ha acordado llevar a cabo un cotejo entre el vídeo presentado por ACPV y el contenido subido por Salomé Pradas en su Instagram, el cual incluía un mensaje advirtiendo a los ciudadanos sobre la emergencia en el área afectada.

En su reciente historia en Instagram, la exconsellera respondió a la crítica de ACPV afirmando que ha estado activa y al tanto de la situación desde el primer momento, mostrando su descontento ante las acusaciones tras un año de los hechos.

En otro dictamen, la jueza rechazó la solicitud de los abogados de Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso para requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información sobre una reunión de su junta de gobierno celebrada el 19 de diciembre de 2024, argumentando que no está relacionada con la investigación en curso.

La magistrada reitera que la responsabilidad de la vigilancia de los barrancos recae en el Centro de Coordinación de Emergencias, según el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, insistiendo en que no hay evidencia de que se haya realizado una correcta vigilancia del caudal de los barrancos en la fecha crítica, a pesar de las responsabilidades documentadas de la Conselleria de Emergencias.