VALÈNCIA, 8 de enero. La jueza encargada de la investigación de la gestión de la DANA que cobró 230 vidas el 29 de octubre de 2024 en Valencia ha emitido una providencia que responde a una solicitud del fiscal, instancia que obliga a la Confederación Hidrográfica del Júcar a identificar a los guardas fluviales que, en el desempeño de sus funciones, llevaron a cabo labores de control y vigilancia en la provincia durante el evento meteorológico.

La magistrada también ha solicitado al organismo de cuenca un informe detallado que incluya las diversas áreas en las que cada guarda fluvial operó, así como los términos municipales que abarcan dichas zonas y los cauces de ríos y barrancos que las atraviesan.

Dentro de las diligencias de investigación, la jueza ha requerido al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia un informe que identifique a los bomberos forestales que, bajo la dirección del Centro de Coordinación de Emergencias, se encargaron de realizar el seguimiento del río Magro en la zona del puente de Carlet y del Barranco del Poyo en el área de Torrent-Picanya-Paiporta, corrigiendo el tiempo de respuesta de estas unidades de emergencia.

La magistrada también ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente que proporcione, en un plazo de tres días, la identificación y ubicación de los agentes medioambientales que estaban en funciones en la provincia el 29 de octubre, así como el horario en el que estaban trabajando en ese momento.

Asimismo, luego de recibir información de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre los trabajadores presentes en los dos puestos de operación durante la tarde del 29O, la jueza ha decidido volver a citar a un técnico que previamente había declarado en mayo de 2025 acerca del envío de mensajes de alerta a los ciudadanos, debido a discrepancias en su declaración sobre sus horarios de trabajo.

El fiscal había solicitado que, tras la identificación de los guardas fluviales, se tomaran declaraciones de aquellos que habían realizado funciones en las diferentes zonas y sectores relacionados con la investigación. Sin embargo, la juez ha indicado que se pronunciará sobre esta solicitud una vez que se complete la identificación y siempre teniendo en cuenta el número de agentes de la CHJ que se encuentran en cada área operativa.

Esta solicitud por parte del ministerio público surge después de que la CHJ informara que su demarcación hidrográfica abarca una superficie de 42.756 km², cubriendo partes de cinco comunidades autónomas y ocho provincias, y que está dividida en cuatro zonas, ocho subzonas y 41 sectores, adaptándose a la carga de trabajo en cada uno de ellos.

Cada uno de estos sectores cuenta con un guarda fluvial asignado, además de un responsable por zona y subzona, destacando que el día del evento, había un total de 50 agentes y guardas activos distribuidos en toda la demarcación, según informes iniciales de la CHJ. Desde entonces, la Confederación ha proporcionado una lista con la identificación de estos 50 agentes activos durante la DANA, en respuesta a la solicitud de la jueza.