• jueves 23 de marzo del 2023

La Abogacía de la Generalitat no halla "justificación jurídica ni técnica" para cambio de criterios en el trasvase

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Puig recrimina al Gobierno que "desee romper unilateralmente" lo acordado en el Consejo del Agua: "Es imposible comprender"

ALICANTE, 11 Dic.

La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha elaborado, a solicitud del Consell, un informe que sirve como base jurídica para instar al Gobierno a respetar el emprendimiento de real decreto "en exactamente los mismos términos en los fue aprobado" por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que "garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura".

Así, el archivo apunta que "no hay ninguna justificación jurídica ni técnica" para mudar los criterios pactados en el Consejo del Agua y, por consiguiente, afirma que "no es requisito aumentar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo que garantizará la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura".

El informe de la Abogacía de la Generalitat "desmonta los razonamientos" esgrimidos para intentar justificar un cambio de última hora con relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una sucesión de sentencias del Tribunal Supremo sobre el especial, según indicó la Generalitat en un aviso.

En este sentido, la Abogacía de la Generalitat ha realizado un "pormenorizado análisis" de la doctrina emitida por el Alto Tribunal y ha concluido que "en ningún instante el Supremo se pronuncia sobre el incremento de los caudales ecológicos, sino únicamente apunta que hay que fijarlos".

"Es mucho más, señala que en el momento de establecerlos hay que tener en consideración una secuencia de cambiantes, no solo ecológicas, sino más bien asimismo socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede efectuarse de forma indiciaria y sin la adecuada justificación", apunta el archivo.

El informe afirma que estos son los principios en los que se fundamenta la predisposición novena del emprendimiento de real decreto, cuyo cuidado, ha lamentado la Generalitat, cuestiona en este momento el Gobierno. Así, esa predisposición establece que, "si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua, no va a ser preciso utilizar los peldaños previstos en el plan hidrológico desde el 1 de enero de 2026".

Es decir, apostilla el archivo de la Abogacía, "no va a ser preciso aumentar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo que garantizará la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura".

Por todo ello, el Consell comprende que "no existe, como acredita el informe de la Abogacía, ninguna justificación jurídica ni técnica para cambiar en el último instante un artículo que fue aprobado por extensa mayoría en el Consejo Nacional del Agua".

Tras saber las conclusiones del informe de la Abogacía, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido, en afirmaciones remitidas a los medios, que la Generalitat "ha actuado siempre y en todo momento de buena fe" por el hecho de que "desde la confrontación y la guerra no va a llegar agua a Alicante", con lo que ha reprochado que "es imposible comprender" que aquello que "se acordó legítimamente" en este momento "se desee romper unilateralmente".

"La Generalitat no está preparada en ningún caso a pasar por esta situación", aseguró, y ha subrayado que el archivo "refrenda precisamente que no hay ningún fundamento ni ninguna virtualidad que lleve a cabo razonable un cambio de situación en relación a aquello que se acordó legítimamente en el Consejo del Agua".

"El diálogo es la vía para hallar un éxito que es nada más y nada menos que aquello que es indispensable: que el trasvase Tajo-Segura prosigue vigente, pero que al tiempo prosiga avanzándose en la aptitud de tener todos y cada uno de los elementos libres para tener agua para toda la vida".

Precisamente, los representantes del Consell que fueron a la asamblea del Consejo del Agua, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, han elaborado un informe explicativo en el que afirman que cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo "si al final se llevara a cabo una modificación de lo pactado".

En preciso, aseguran que su abstención sobre el plan de cuenca del Tajo "se encontraba condicionada al cumplimiento expreso" de la predisposición sobre los mencionados criterios para saber los caudales ecológicos, pero señalan que si en este momento se suprimiese esa predisposición los votos el Consell pasarían a ser negativos, tanto en la situacion del plan de Tajo como en el del real decreto.

Así las cosas, el Consell repite "de forma definitiva" su solicitud al Gobierno de España a fin de que se cumpla lo aprobado en la última asamblea del Consejo Nacional del Agua, por el hecho de que ese acuerdo "garantiza el cuidado del trasvase Tajo-Segura" que, para la Generalitat, es una cuestión "prioritaria y también irrenunciable".

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