Crónica Valencia.

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La Audiencia exige investigar a dueños de funeraria por trama de cadáveres en València.

La Audiencia exige investigar a dueños de funeraria por trama de cadáveres en València.

La Audiencia Provincial de Valencia ha tomado la decisión de que los dos dueños de una funeraria sean citados a declarar en calidad de investigados en la trama de la supuesta venta de cadáveres desmantelada el año pasado en València.

El tribunal ha acogido el recurso presentado por el ministerio fiscal contra la resolución del juzgado que decidió continuar el procedimiento únicamente con dos empleados de la funeraria y archivó el caso contra los dos responsables de la empresa.

De este modo, se ha revocado la decisión judicial para que los responsables de la funeraria declaren en calidad de investigados y tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa adecuadamente. Una vez que se realicen estas declaraciones, será el juez quien deba decidir si archivar el caso o continuar con el proceso abreviado o realizar más diligencias.

La Audiencia ha tomado esta determinación al recordar que el propio juez indicaba una posible responsabilidad de los dueños de la funeraria en el delito de falsedad, basándose en el relato de hechos del magistrado y en la declaración de uno de los trabajadores que implicaba a los dueños en lo sucedido.

La investigación judicial se inició en abril de 2023 en el Juzgado de Instrucción número 1 de València por un delito de falsedad en documento privado y oficial relacionado con la recogida y entrega del cadáver de un ciudadano francés fallecido en diciembre de 2022. Inicialmente, cuatro personas estaban siendo investigadas, dos responsables y dos empleados de la funeraria.

Tras llevar a cabo diversas diligencias de investigación, en julio de 2023 el magistrado instructor decidió procesar a los dos trabajadores por la elaboración de documentos falsos con fines lucrativos. Sin embargo, archivó provisionalmente el caso de los gestores de la funeraria al no encontrar suficientes indicios delictivos en su contra. Este fallo fue apelado por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia y ha sido esta la que ha dado la razón a la solicitud de encausar a los cuatro investigados.

Meses después, la Policía Nacional llevó a cabo un informe adicional para seguir investigando sobre otro fallecido y presuntas irregularidades en incineraciones de más cadáveres, incluyendo a los mismos cuatro implicados, los dos responsables y dos trabajadores de la funeraria.

Según la Policía, la red criminal falsificaba documentos para sacar cadáveres de hospitales y residencias y venderlos a universidades para su estudio a cambio de 1.200 euros por cuerpo. Se estima que la trama llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por once incineraciones de cuerpos, que no fueron registradas en las facturas de ninguna de las incineradoras de la ciudad.