El expresidente de la Generalitat Valenciana se encara a un par de años y medio de prisión por haber beneficiado presuntamente a la trama

MADRID, 22 Ene.

La Audiencia Nacional festeja desde este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las supuestas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las compañías de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita que sea culpado a un par de años y medio de prisión.

El comienzo de la visión oral, que va a sentar a otros 26 acusados en el banquillo, viene antecedido de una cascada de confesiones y conformidades, a los que tuvo ingreso Europa Press, de varios de los primordiales nombres unidos a 'Gürtel'.

El líder de la trama, Francisco Correa, su 'número 2', Pablo Crespo, la administradora de exactamente la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el encargado de exactamente la misma, Álvaro Pérez Alonso, nick 'El Bigotes', han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía.

En exactamente las mismas, el Ministerio Público solicita imponer un par de años y seis meses de prisión a Camps como creador de un delito de prevaricación y otro de estafa a la administración al estimar que participó de manera activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 en pos de Orange Market.

Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, 'El Bigotes' y Herrero, se concertaron con Camps a fin de que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiese lo preciso a fin de que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera de forma directa adjudicado a Orange Market.

El propio Camps remitió el mes pasado de julio un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicitaba que no tuviera presente el aluvión de confesiones recordando que los pactos de conformidad solo tienen la posibilidad de apreciarse como "autoincriminatorios", esto es, para todos los que confiesan, sin que logren condicionar al resto de acusados.

Correa, que amontona condenas durante más de 90 años de prisión, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de prisión y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en archivo mercantil.

"El máximo responsable de los delitos que se imputan en este trámite soy yo", escribió de su puño letra en un archivo redactado desde la prisión de Valdemoro (La capital española) el pasado 6 de julio de 2022.

En su escrito, el líder de la 'Gürtel' se asigna la iniciativa de hacer Orange Market para "conseguir contratos de la Generalitat Valenciana y ordenar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, nick 'El Bigotes') inició con Paco Camps".

Crespo, por su lado, expone exactamente la misma condena que Correa -2 años y 3 meses de cárcel_y reconoce en su escrito que se encontraba al cargo de la "supervisión contable y financiera del conjunto de compañías" de 'Gürtel', teniendo "información puntual y periódica de las ocupaciones de Orange Market".

Jordán, que ofrece 1 año, diez meses y 15 días de prisión, deja claro que desde el momento en que comenzó a formar parte en la trama la persona que le "demandaba y daba las normas" era Crespo, en ningún caso Correa. La acusada asimismo da extensos datos sobre Camps y 'El Bigotes', a quien el ex- presidente valenciano debía "sus mejores instantes de orden con una imagen íntegra, inigualable".

Por último, Herrero reconoce en su escrito que "asistía a asambleas con distintas gobernantes" para "cerrar" los trabajos de todos los acontecimientos y "armar los capitales" al paso que apunta de forma directa a 'El Bigotes' como quien "lograba los trabajos". El gerente de 'Orange Market' ofrece que se le imponga una lástima de 7 años y 11 meses de prisión.

En los últimos meses, además de esto, asimismo se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía otros acusados como la que fuera gerente de la fundación 'La luz de las imágenes', María del Carmen Díaz Quintero, la exdirectora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE) María Auxiliadora Hernández, o el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort.

A esa adhesión al escrito de la Fiscalía asimismo se sumaron el exjefe de gabinete de la Consellería de Bienestar Social Enrique Navarro, el exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos y la que fuera responsable de la Dirección General de Archivos y también Innovación Tecnológica Silvia Caballer.

En su escrito, Caballer admite que acordó con 'El Bigotes' contratar a Orange Market para el 'II Congreso Software Libre', festejado en Castellón en el mes de mayo de 2005, aceptando que supo de 4 facturas emitidas a la Dirección General de Archivos y también Innovación Tecnológica, cada una por un precio de 12.020,24 euros, fraccionadas a fin de que "tengan la posibilidad de ser gestionados como contratos menores".

En el mencionado escrito, Anticorrupción apunta que el "establecimiento" de la 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana desde 2003 "tuvo por finalidad explotar las opciones de negocio que les ofreció Camps no solo para la organización y ejecución de todos y cada uno de los actos del Partido Popular que se celebraran en tal red social autónoma introduciendo la campaña electoral para las selecciones autonómicas de mayo de 2003 en las que fue escogido president de la Generalitat".

"Sino más bien asimismo con el propósito posterior de hallar una situación provechos en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a acontecimientos que tengan la posibilidad de ser organizados por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de exactamente la misma, y especialmente, para las ediciones de la Feria Internacional de Turismo FITUR", prosigue la Fiscalía.

"Esa expansión del negocio" la habrían articulado Correa, Crespo, Herrero y 'El Bigotes', principalmente, mediante la constitución el 24 de julio de 2003 de la sociedad Orange Market para operar en nuestra Comunidad Valenciana. El propio 'Bigotes' sería nombrado más tarde presidente del consejo de administración de exactamente la misma y Herrero, por su lado, asesor encargado.

"Desde ese instante", Camps habría facilitado a 'El Bigotes "el ingreso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio y también intervención considerable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de FITUR y de otras ferias, tal como de otros acontecimientos".

Estos, "siguiendo normas del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, permitieron que esa mercantil consiguiera ilícitamente contratos de propaganda, de organización de congresos, ferias y acontecimientos de gestiones y entes públicos dependientes de la Generalitat, en beneficio de su compañía", según apunta la Fiscalía.