• viernes 3 de febrero del 2023

La Audiencia rechaza que los acusados del caso Alquería declaren en el final del juicio

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VALÈNCIA, 26 Sep.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado este lunes que los acusados del caso Alquería, entre aquéllos que está el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y de hoy alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, declaren en el final del juicio como habían pedido sus abogados y a eso que se había contrario el fiscal Anticorrupción.

Asimismo, ha rechazado la absolución de sus acusados y retrotraer las actuaciones a la etapa de instrucción, como asimismo habían pedido los letrados al estimar que se habían mermados sus derechos de defensa.

Así lo dió a entender el tribunal que evalúa a 14 personas por la situacion Alquería, relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública Divalterra --que se cerró el mes pasado de junio-- para beneficiar a personas similares del PSPV y Compromís.

Rodríguez se encara a una lástima, así como demanda la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma solicitud de prisión la prolonga al que fuera su jefe de gabinete en la empresa provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (los dos por cooperación precisa) y para los 2 exgerentes de la compañía pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejercita la acusación, demanda 18 años de prisión para Rodríguez.

El 27 de junio de 2018, Rodríguez llegó a ser detenido en el momento en que ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en el mes de julio, más allá de que se sostuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que convalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en el mes de abril de ese año el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, los 2 exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les asigna los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en archivo oficial.

Además, el fiscal solicita para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad reportaje y cinco mucho más por malversación de caudales por cooperación precisa; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.

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