El conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Marciano Gómez, ha expresado su satisfacción por el interés de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la situación de la salud en la región. Sin embargo, ha recordado que en 2024 ya se denunció que el gobierno del Botànic había dejado a 167.083 mujeres sin cita para realizarse mamografías.

La Generalitat ha decidido no facilitar al Ministerio de Sanidad la información sobre los programas de cribado, argumentando que la solicitud es una táctica política destinada a desviar la atención de las dificultades en la gestión sanitaria que son responsabilidad del ministerio dirigido por García.

Gómez ha enviado una carta a la ministra exponiendo que no considera adecuado remitir la información solicitada en estos términos, dado que no hay una obligación legal que lo respalde ni un acuerdo formal establecido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "No colaboraremos en una iniciativa que, en lugar de contribuir a mejorar los cribados, parece estar inspirada en la confrontación política", ha subrayado el conseller.

A pesar de esto, ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la colaboración interinstitucional, aunque siempre respetando las competencias de cada administración. En este sentido, ha indicado que tal cooperación debe buscar objetivos claros de mejora sanitaria, y no la utilización de la salud pública con fines partidistas.

El conseller también ha recordado que el Ministerio de Sanidad carece de una red de programas de cribado y de sistemas actualizados para evaluar la calidad asistencial, limitándose a una recopilación básica de datos sobre cobertura y participación, sin contar con ningún documento que regule su funcionamiento o supervisión.

Gómez ha señalado como "especialmente relevante" el hecho de que el ministerio aún no haya finalizado el desarrollo del sistema informático necesario para recopilar la información solicitada a las comunidades autónomas, añadiendo que el Documento de Consenso del programa de cribado de cáncer de mama está en revisión debido a problemas técnicos presentados por varias comunidades.

Asimismo, ha argumentado que la exigencia de datos a las comunidades autónomas es inapropiada, considerando que se basa en un modelo que aún no está consolidado ni garantizado en cuanto a su aplicación práctica. A su juicio, la responsabilidad de los programas de cribado corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas y ha enfatizado que aquellas gobernadas por el Partido Popular poseen ya programas sólidos y basados en evidencia científica que superan en muchos casos los estándares europeos.

Por otra parte, ha mostrado su satisfacción por el interés que ha mostrado la ministra García en la situación del cribado de cáncer de mama en la Comunitat, cuando su propio departamento ya había alertado en febrero de 2024 que 167.083 mujeres habían quedado sin su mamografía por la inacción del Botànic. "El Programa de Prevención de Cáncer de Mama fue abandonado y descuidado por el PSPV y Compromís durante sus dos legislaturas", ha manifestado.

El conseller ha expuesto que el tiempo entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento llegó a ser de casi 13 semanas, cuando el tiempo recomendable son 8. "La inacción del Botànic ha deteriorado gravemente este programa", ha reiterado Gómez, quien indicó que, además, hasta 11 mamógrafos habían cumplido su vida útil y no se habían renovado, lo que generó un aumento de averías.

A pesar de los desafíos, ha destacado que en 2024 ya se estaba comenzando a revertir la tendencia negativa del programa, aunque es evidente que un solo año no es suficiente para corregir todos los problemas provocados por el Botànic. "Los esfuerzos de la Conselleria están rindiendo frutos, con un incremento de 11.423 mamografías realizadas en los primeros nueve meses de 2025 en comparación al mismo período del año anterior", ha concluido.

Gómez considera "paradójico y contradictorio" que el Ministerio exija a las comunidades autónomas el cumplimiento de esta demanda sin haber completado sus propios ajustes técnicos necesarios. Esta exigencia, más allá de un interés genuino en la mejora del sistema, parece estar motivada por razones políticas, lo que se hace aún más evidente al observar cómo en Ceuta y Melilla, donde el programa de cribado depende del ministerio, estuvo parado durante casi dos años.

Finalmente, ha cuestionado la capacidad del Ministerio para liderar eficazmente estas iniciativas, lo cual añade un carácter crítico a su solicitud a las comunidades autónomas. Además, ha señalado que resulta difícil entender la pertinencia de esta iniciativa cuando existen problemas más urgentes en el sistema sanitario, como la falta de profesionales y financiamiento adecuado, aspectos en los que el ministerio aún no ha mostrado una respuesta efectiva.

En resumen, Gómez considera que el Ministerio debería centrar sus esfuerzos en abordar estas cuestiones críticas en lugar de adoptar un enfoque de fiscalización que carece de sentido y que podría poner en riesgo la credibilidad y continuidad de los programas preventivos que han demostrado ser vitales para salvar vidas.