VALÈNCIA, 17 Mar.
La Comunitat Valenciana es la quinta autonomía en lo que se refiere a la opinión de todos y cada uno de los indicadores de atención a la dependencia con una nota media de 6,2, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según se quita de este informe en España se "sostienen las gigantes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de administración". Así, nueve comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal consigue el aprobado con cinco.
En preciso, la Comunitat es la quinta tras Castilla y León (8,5), Castilla La Mancha (7,9), Andalucía (7,6) y Madrid (6,5). Mientras, Murcia (2,4) y Canarias (2,9) sostienen la última situación.
El 20,02% de la población valenciana probablemente ligado está atendida, un número mayor a la media nacional del 19,9%. Mientras, hay un 28,33% de personas susceptibles de sentir ayudas por la dependencia que las han pedido, un número inferior al 30,56% estatal.
Asimismo, la Comunitat Valenciana es la segunda que mucho más personas incorporó al sistema de dependencia tras Canarias. Hay un desarrollo del 14,13% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, cerca del doble de la media nacional, un 7,47%.
Según los datos del Observatorio 27.394 personas están esperando en la Comunitat Valenciana, de ellas 16.283 están esperando de opinión y diez.571 están ahora en lista de espera. En el grupo nacional 353.965 personas están esperando de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021.
Por normativa, el período máximo para solucionar un expediente se ubica en seis meses (180 días), pero solo hay 2 comunidades abajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (125); y País Vasco (136). La Comunitat Valenciana lo soluciona en 300 días en promedio En el otro radical estarían Canarias (977 días); Andalucía (544) y Murcia (486).
Así, las comunidades con mayor 'limbo de la dependencia', personas atentos de recibir prestación, son Cataluña (27,1 por ciento), La Rioja (18,9 por ciento) y País Vasco (17,5 por ciento); y las que menos Castilla y León (0,18 por ciento), Castilla La Mancha (3,71 por ciento)y Aragón (4 por ciento).
Al igual que ocurrió en 2020 y 2021, Cataluña y Andalucía amontonan prácticamente la mitad de la gente fallecidas en lista de espera. En la situacion de la Comunitat Valenciana 3.805 personas murieron esperando de ser valoradas, con lo que ocupa el noveno puesto por la cola.
Cabe resaltar hay seis autonomías con una lista de espera bajo el 5 por ciento y que dismuyen su lista respecto de 2021: Castilla y León (0,18 por ciento); Castilla la Mancha (3,7 por ciento; Aragón (4,0 por ciento); Cantabria (4,7 por ciento), Navarra (4,8 por ciento) y Galicia (4,6 por ciento).
El Observatorio revela asimismo que en el primer año del plan de choque (2021), diez gobiernos de comunidades autónomas "hicieron caja" con el aumento presupuestario que efectuó la Administración General del Estado: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, al reducir su aportación neta al sistema de atención a la dependencia.
Por último, en la Comunitat Valenciana el gasto medio por habitante ligado se situó en 1.135 euros, algo bajo la media nacional de 1.191 euros.
Un total de 353.965 personas están esperando de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que avisan de que, a este ritmo, "se tardarían 35 años en conseguir que no haya nadie aguardando algún trámite". Además, mucho más de 45.000 personas dependientes murieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
En preciso, hay 131.810 personas aguardando a ser valoradas, 7.214 mucho más que las 124.596 del año previo, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año previo. A estos se aúnan 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las CCAA no han registrado y están atentos de apreciar.
Según el archivo el 44,6 por ciento de la gente desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, esto es, tienen pretensiones de acompañamiento riguroso y continuado.
Aunque por normativa, el período máximo para solucionar un expediente se ubica en seis meses (180 días), en la actualidad, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades sobrepasan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).
Por otro lado, los autores del estudio valoran que las posibilidades y servicios son de año en año "mucho más 'low-cost' y también deficientes" para las pretensiones de la gente en situación de dependencia. Así, por servirnos de un ejemplo, apuntan que las posibilidades económicas por cuidados familiares tienen un importe medio por mes de 234,96 euros; y la prestación enlazada para abonar una plaza de atención residencial fluctúa entre 445,5 euros por mes (Nivel II) y 550,8 euros por mes (Nivel III).
Asimismo, agregan que la asiste para residencia muestra unas magnitudes horarias medias de 33,45 horas por mes, 57,1 horas por mes para los enormes dependientes, lo que representa 2 horas y media del día a día de lunes a viernes, una intensidad "precisamente deficiente", según los autores del Observatorio.
Además, de los datos se desprende que, a lo largo del intérvalo de tiempo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 murieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia --19.661 personas atentos de resolución de nivel de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos--. Esto piensa que todos los días mueren mucho más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir posibilidades o servicios.
Por otro lado, el dictamen mantiene que, por vez primera, el coste global del sistema superó los diez.000 millones de euros, llegando a diez.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las posibilidades y servicios entregados a lo largo de 2022 sube a 9.717 millones de euros, de los que, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan la gente usuarias con apariencia de copago regulado (20,5%).
Del gasto público directo en dependencia en 2022, el informe precisa que la Administración General del Estado ha incrementado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, al paso que las CCAA han achicado su aportación y reducen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.
Los autores del estudio resaltan que el recorte juntado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, fué de 6.321 millones de euros.
En este sentido, destacan que el Gobierno de España "cumple" con el incremento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero "la burocracia y la impericia de ciertos gobiernos autonómicos no dejan conseguir la meta de la reducción de la lista de espera, aumentar las posibilidades y servicios y no realizar el aumento presupuestario".
En preciso, denuncian que, en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas "hicieron caja" con elincremento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
De este modo, los autores del informe señalan que "solo" hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que exponían como propósito el primer año, y informan que, al ritmo del último año se tardarían once años en poder la plena atención.
