• sábado 4 de febrero del 2023

La Coordinadora de ONGD lamenta que el Supremo no haya incrementado la pena a Blasco: "Causa íra y también indignación"

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VALÈNCIA, 28 Dic.

La Coordinadora Valenciana de ONGD mostró su "decepción" por la sentencia del Tribunal Supremo que soluciona los elementos de múltiples unas partes del llamado 'caso Cooperación' y que, si bien cree relativamente el anunciado por este colectivo --que ejercita como acusación habitual-- no mira en alza las sentencias impuestas a los primordiales condenados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, "pese a la gravedad de los hechos que se afirman probados y de no haber devuelto lo robado".

La sección segunda del Tribunal Supremo ha acordado que la Audiencia de Valencia recalcule, en ejecución de sentencia, la prisión a imponer al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía con el PP, Rafael Blasco, y al empresario Augusto César Tauroni, por la situacion de la malversación en ayudas a ONG y el emprendimiento fallido para la construcción del hospital de Haití, tras la pertinente "compensación" con la parte 1, donde se le impuso seis años de prisión por irregularidades en ayudas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

El prominente tribunal ha resuelto los elementos de apelación presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a Blasco por malversación y ha aplicado la atenuante de confesión tardía tanto para él para el que fuera su prominente cargo Marc Llinares, más allá de que no cambia por esta razón la pena de prisión impuesta a los dos, que fue de un año de prisión para el exconseller y un par de años y nueve meses para el que fuera su jefe de gabinete.

Al respecto, la Coordinadora apunta que, más allá de haberse reconocido medianamente su recurso, el Alto Tribunal no ha inspeccionado "las penas absurdas impuestas por la Audiencia a los condenados pese a la gravedad de los hechos probados".

Y es que el Tribunal Supremo ha desechado los elementos interpuestos tanto por la Coordinadora como por la Abogacía de la Generalitat con relación a la constitución de organización o conjunto criminal por la parte de los condenados.

La Coordinadora "respeta pero no comparte en lo más mínimo esa resolución", pues comprende que "si algo quedó probado durante las diferencias piezas de este trámite, es la presencia de una trama, con perfección estructurada y estructurada, encabezada por Rafael Blasco y de la que formaban parte gobernantes y hombres de negocios, cuya finalidad última era desviar dinero público designado a cooperación para el lucro personal de los pertenecientes de la trama".

"Todos y cada uno de los tribunales han constatado, sin lugar a dudas, que esta trama corrupta saqueó los fondos premeditados a cooperación a lo largo de años. Para llevarlo a cabo, hicieron ONG falsas, falsificaron toda clase de reportes, forzaron a gobernantes a prevaricar, malversaron dinero público, y un largo etcétera de delitos probados", influyen.

"Nos prosigue ocasionando tristeza, íra y también indignación que hechos tan graves y tan inmorales, hechos que han supuesto hurtar el dinero designado a contribuir a la gente mucho más excluidas, se hayan saldado con unas penas de cárcel verdaderamente irrisorias", enseña Carles Xavier López, representante de la Coordinadora para la situacion.

Especialmente "preocupante" --piensan-- es visto que "se ha defraudado millones de euros, que no fueron devueltos, cuya cuantía específica no fueron fijados judicialmente ni por la Audiencia Provincial ni por el Tribunal Supremo".

"Desde la Coordinadora consideramos que esto traslada un mensaje de impunidad muy grave, en tanto que a los condenados se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño en el momento en que no han reparado nada y no realizaron un esfuerzo real por llevarlo a cabo", expresan.

A modo de ejemplo, señalan, Rafael Blasco, "pese a los incontables cargos políticos que ha exhibido, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente, aportando para contestar por lo robado características que, o ahora estaban embargados o no estaban a su nombre". Su aptitud de "ocultación" familiar fué premiada por la Administración de Justicia", recrimina López.

"La restauración de los fondos es el único de los tres objetivos que nos marcamos en la Coordinadora al personarnos en la causa, que no hemos logrado.

Un aparato de personas voluntarias al lado del letrado contratado, Raúl Vidal Sánchez, ha estudiado a lo largo de años un caso cuya instrucción constaba de sobra de 50.000 folios en 168 tomos, y 24 piezas separadas con mucho más de 40.000 folios con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios.

Además, constaban en la instrucción mucho más de 35.000 e-mails y escuchas telefónicas que dieron sitio a la capacitación de quince tomos mucho más, y se han analizado el contenido de 75 gadgets informáticos intervenidos, con cientos de ficheros que ocupaban mucho más de 5.000 gigas.

En cuanto al coste económico de diez años de pleitos en frente de varios de los equipos de abogados mejor pagados, mucho más de media parta de los cerca de 72.000. euros que han costado la personación se han costeado mediante la colaboración ciudadana a través de crowdfunding, venta de camisetas y ocupaciones de recaudación de fondos. El resto ha debido salir de los fondos propios durante la década.

"Nosotros no nos hemos rendido, pero tuvo un coste difícilmente admisible por la ciudadanía. Sería esencial pensar como sociedad si éste es el género de justicia que deseamos tener, con tanto David peleando contra Goliath", concluye el representante de la Coordinadora.

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