Las cooperativas del sector servicios han sido las más perjudicadas tras el paso de la DANA, aunque también se han reportado daños significativos en las cooperativas agroalimentarias, especialmente en cultivos de cítricos y arroz.
VALÈNCIA, 19 Nov.
Un estimado de 30% de las cooperativas en la Comunidad Valenciana se han visto impactadas por esta calamidad, un sector que se encuentra profundamente arraigado en las áreas más golpeadas. Esta situación revela la gravedad del acontecimiento climático que ha afectado considerablemente a la economía local.
En total, 478 cooperativas ubicadas en municipios afectados emplean a cerca de 11.000 personas. Las cifras son elocuentes, ya que sus ventas anuales suman 1.527 millones de euros, con una contribución de 286 millones de euros al PIB de la comunidad, y brindan servicios a más de 65.000 usuarios.
Según un primer análisis realizado por Valestat, el Portal Estadístico de la Economía Social Valenciana de Ciriec-España, la situación es "muy heterogénea". Emilio Sampedro, presidente de Concoval, subraya que las cooperativas afectadas cubren un amplio espectro de sectores, que incluyen educación, transporte, servicios sociales, crédito, comercio, agricultura, energía e industria.
“Aún debe transcurrir tiempo para determinar el nivel real de los daños en las cooperativas afectadas”, ha afirmado Sampedro. El impacto sobre la producción agrícola de futuras campañas y las pérdidas asociadas al cierre de empresas complican la evaluación. Asimismo, Sampedro enfatiza la urgencia de que las ayudas de las distintas administraciones consideren esta complejidad.
En las áreas más devastadas, identificadas como “zona cero”, hay 67 cooperativas operativas, de las cuales 37 se encuentran en localidades como Catarroja, Utiel y Aldaia. El sector servicios es el más golpeado, con 321 cooperativas afectadas (67,15%), seguido por el sector industrial, que ha visto impactadas a 118 cooperativas (24,6%). En el ámbito agrícola, 22 cooperativas (4,6%) han requerido atención, y la construcción ha sufrido los efectos en 17 entidades (3,56%).
Se estima que las cooperativas agroalimentarias tienen aproximadamente 25.000 hectáreas de cultivo afectadas, además de los daños incurridos en almacenes e industrias. La Ribera Alta, con localidades como L'Alcúdia, Carlet y Massalavés, ha registrado la mayor concentración de pérdidas, que también se extendieron a L'Horta Sud, abarcando áreas como Massanassa. Entre los cultivos más dañados se encuentran los cítricos y el kaki, que estaban en plena temporada de recolección.
En cuanto al arroz, de los siete millones de kilos almacenados, se han perdido dos millones, otro golpe significativo para el sector agrario, que también enfrenta problemas por la acumulación de residuos arrastrados por el temporal en los arrozales.
Por otro lado, las cooperativas de transporte no han estado exentas de los efectos devastadores de la DANA, con daños reportados en alrededor de 1.000 camiones, tanto de transportistas locales como de otras partes de España. Además de la pérdida de vehículos, muchas cooperativas han visto sus instalaciones, incluyendo hangares y oficinas, también afectadas por la tormenta.
Cerca de un centenar de oficinas de cooperativas de crédito, como Caixa Popular y Grupo Cajamar, han enfrentado daños significativos a raíz del temporal, lo que agrava la situación financiera y operativa de estas entidades en los municipios perjudicados.
Las cooperativas de educación han sufrido perdidas en sus infraestructuras, especialmente en L'Horta Sud, donde se concentra una parte considerable del alumnado. Instituciones como Florida y Larrodé en Catarroja, así como La Gavina en Picanya, han reportado la pérdida de aulas y mobiliario, lo que afecta gravemente su capacidad operativa.
El presidente de Concoval ha destacado que la magnitud del daño justifica la implementación de medidas específicas para el sector cooperativo. Ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que se reevalúen las condiciones para la tramitación de ERTE de fuerza mayor, especialmente para los socios trabajadores que enfrentan requisitos distintos a los del resto de los empleados.
Asimismo, se ha instado a la Generalitat a autorizar, de manera excepcional y temporal, el uso del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa para mitigar los efectos de la catástrofe en este sector.
Sampedro insiste en la necesidad de que las ayudas y acciones de las Administraciones Públicas reconozcan la singularidad del cooperativismo. Dado que muchas cooperativas no tienen representación en las mesas de diálogo social, a menudo las medidas adoptadas pasan por alto sus particularidades, obligando a ajustes posteriores.
El cooperativismo ha presentado propuestas a los gobiernos, destacando la necesidad de que las donaciones que reciban los trabajadores afectados no sean consideradas retribuciones en especie y estén exentas de impuestos por IRPF.
Desde Concoval se ha destacado la pronta movilización de las cooperativas valencianas, que, desde la noche del 29 de octubre, se unieron para apoyar a las comunidades afectadas. En colaboración con las autoridades locales, se proporcionó agua, alimentos, material de limpieza y otros recursos necesarios.
En las regiones afectadas, las cooperativas están proporcionando electricidad en áreas sin suministro y facilitando maquinaria agrícola para ayudar en las labores de limpieza. También han ofrecido sus instalaciones para el servicio público sanitario, acogida y veterinario.
Finalmente, es importante resaltar iniciativas como la adoptada por la cooperativa Consum, que ha destinado cuatro millones de euros para apoyar a sus empleados afectados, una cifra que se incrementará gracias a las donaciones de trabajadores no impactados.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y Concoval han emprendido un esfuerzo conjunto para establecer un fondo enfocado en la recuperación de las empresas de economía social que han sufrido las consecuencias de la DANA. Este fondo ha comenzado a recibir donaciones significativas no solo de cooperativas valencianas, sino también de otras comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi y Madrid.
Los aportes recaudados se destinarán, mediante acuerdos financieros, a las cooperativas de crédito que operan en la Comunidad Valenciana, brindando el apoyo necesario para la recuperación del sector.
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