Los trabajos de recuperación y limpieza se expandirán a nueve municipios de l'Horta Sud severamente impactados por la reciente DANA, así como a Algemesí, ubicado en la Ribera Alta.

VALÈNCIA, 26 de noviembre. La Diputació de València ha dado inicio este martes a las labores de extracción de lodos y otros residuos en un total de 661 garajes y sótanos que, tanto públicos como privados, enfrentan una situación de emergencia sanitaria.

Esta operación se llevará a cabo a través de un contrato de emergencia, con un coste ascendente a 6,8 millones de euros, que la institución provincial ha firmado con diversas empresas especializadas en este tipo de limpieza. El objetivo es "garantizar la salubridad de los espacios que han quedado inservibles a causa del barro y prevenir posibles problemas de salud", explicó el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, en un comunicado.

En el marco de una reunión celebrada el pasado viernes en la sede de la Diputació, en la que participaron 60 alcaldes y concejales de las localidades afectadas, Mompó destacó el papel crucial de la Diputació como la institución más cercana a los pueblos y a sus habitantes.

“Reunimos a los responsables locales para informarles sobre las diferentes acciones que las administraciones están llevando a cabo en pos de la reconstrucción, y, sobre todo, para seguir escuchando sus requerimientos, algo que hemos realizado desde el inicio de esta desafortunada situación”, afirmó el presidente.

Según Mompó, de la reunión surgieron dos prioridades que fueron compartidas por los afectados: la extracción del lodo, a la cual ya hemos comenzado a responder, aunque carezcamos de competencias; y la remoción de vehículos dañados en las calles, otro asunto complejo que requiere una solución definitiva de otras administraciones, pero en el que colaboramos habilitando espacios alejados de los núcleos urbanos para su almacenamiento.

Este lunes, la semana comenzó en el Puesto de Mando Avanzado de Paiporta, donde se celebró una reunión con la UME y las empresas contratadas para llevar a cabo la limpieza de los garajes y sótanos. La empresa FCC fue la primera en iniciar las labores en Picanya y las actividades se extenderán a Aldaia, Paiporta y Massanassa por parte de Facsa; a Alfafar y Llocnou de la Corona por Vilor; a Benetússer y Sedaví por Becsa; a Albal por Romefer; y a Catarroja por Dragados/FCC, todos ubicados en l'Horta Sud, además de Algemesí (Guerola) en la Ribera Alta.

“El tiempo de ejecución de los trabajos no podrá ser determinado hasta que avancen las labores y los operarios evalúen el estado de afectación de cada uno de los 661 garajes y sótanos incluidos en esta primera lista de emergencia, la cual se ha elaborado de acuerdo al grado de salubridad de cada ubicación”, apuntó el presidente de la Diputació.

Por otra parte, Mompó mostró su preocupación por “la actuación de ciertas aseguradoras, las cuales no están respondiendo a las solicitudes de ayuda de los vecinos afectados en un momento crítico en el que deberían asumir sus responsabilidades y contribuir a que la solución se implemente de la manera más rápida posible”.

Las tareas de limpieza, que incluirán equipos de 30 personas por cada demarcación, consistirán en la extracción de agua estancada cuando sea necesario; la reparación de bajantes de aguas residuales domésticas que presenten roturas o fugas visibles; la remoción de lodo utilizando los medios más adecuados en cada caso; la identificación y retirada de vehículos, siempre que se cuenten con los permisos pertinentes; la eliminación de todo tipo de residuos presentes en los lugares afectados, incluidos trasteros y espacios de ascensor, así como la limpieza y desinfección de dichos lugares.

Estos 6,8 millones de euros forman parte del remanente que la Diputación ha destinado de forma extraordinaria para la respuesta inmediata tras la DANA, la cual ha causado estragos en numerosos municipios.

Este importe se suma a los 25 millones de euros que el área de Carreteras ha comenzado a utilizar para la restauración de la red viaria provincial; los 20 millones que el Consorcio Provincial de Bomberos destinará a reparar los parques y el equipamiento que ha resultado dañado; además de 15 millones de un fondo incondicionado que los ayuntamientos afectados podrán utilizar para gastos corrientes, así como otras ayudas dirigidas a infraestructuras hídricas, material informático y vehículos municipales.