VALÈNCIA, 26 de noviembre.

La Generalitat Valenciana ha enviado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, un acuerdo de la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts Valencianes. Esta decisión, tomada el 30 de octubre con el respaldo de los partidos PP y Vox, y la oposición del PSPV y Compromís, solicita al Gobierno de España la elaboración de un plan nacional de soberanía energética que evite cualquier imposición climática procedente de organismos supranacionales.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha enviado una carta al Ministerio de Aagesen, cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo. En la misiva, que fue datada este martes, se incluyen varios puntos de la resolución que son competencia del Ministerio, los cuales han sido traducidos al castellano para su consideración. Este envío ocurre días antes del debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat.

Vox ha manifestado su intención de no formalizar un pacto por escrito con el candidato del PP, eligiendo en cambio esperar a su discurso del jueves para decidir su apoyo. El partido sostiene que necesita conocer “exactamente cuáles son las posturas y compromisos” que asume el nuevo candidato ante los ciudadanos.

La formación, liderada por Santiago Abascal, busca garantías de que el PP cumplirá con sus exigencias, que incluyen rechazar las políticas ecológicas, combatir la inmigración ilegal, y evitar nuevas construcciones de infraestructuras que puedan llevar a tragedias como la reciente dana.

El acuerdo ratificado por la Comisión en octubre plantea que el plan nacional será ejecutado de manera urgente por las autoridades competentes, con el objetivo de asegurar la soberanía energética de España mediante la implementación de políticas que faciliten una energía asequible, sostenible y eficiente, favoreciendo la reducción de los costos eléctricos para familias y empresas.

Además, se solicita prolongar la operatividad de la central nuclear de Cofrentes y evaluar la posibilidad de extender la vida útil de otras centrales, así como fomentar el establecimiento de nuevas instalaciones nucleares, consideradas una fuente de energía limpia y libre de emisiones de CO2.

Otro de los puntos destacados en la resolución es la declaración de la creciente inestabilidad del sistema eléctrico español, atribuida al cierre de centrales de generación convencional por la mala ejecución del Pacto Verde y la Agenda 2030 sin un respaldo alternativo adecuado.

La resolución también aboga por promover a nivel europeo la eliminación del mercado de emisiones y del sistema de subastas de derechos de emisión, argumentando que esto perjudica la economía y la capacidad productiva de los Estados miembros. Mientras se implementan estas propuestas, se solicita destinar los ingresos recaudados por derechos de emisión de CO2 a reducir la carga eléctrica de los ciudadanos más necesitados.

Por último, se exige una revisión urgente del sistema de generación eléctrica en España para abaratar costos y asegurar la sostenibilidad de los actores involucrados.

Durante una reciente sesión de control, la vicepresidenta tercera del Gobierno hizo referencia a la carta recibida, cuestionando si realmente la propuesta energética presentada por la Generalitat se fundamenta en el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Aagesen subrayó que "España no merece ni puede permitirse esto", reiterando posteriormente en los pasillos del Congreso que la Generalitat ha expresado su deseo de distanciarse de lo que califica como "dogmatismo climático" europeo.