Este viernes, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo tiene previsto publicar un protocolo innovador que brindará apoyo integral al personal de los centros educativos que se vean afectados por agresiones durante el ejercicio de sus funciones.

La información fue compartida por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quien destacó que esta resolución, que verá la luz en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), representa una actualización del anexo V de la Orden 62/2014. El fin último es salvaguardar la seguridad y el bienestar de los distintos miembros del personal docente y no docente en la Comunitat Valenciana.

Durante varios meses, la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo colaborativo con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación y las entidades encargadas de la vigilancia de la salud laboral. Este esfuerzo conjunto ha dado lugar a un protocolo que no solo ha sido consensuado, sino que también incluirá una guía que describirá los modelos de comunicación e informes que serán necesarios en este tipo de situaciones.

El 'president' Mazón explicó que el protocolo se aplicará a todos los centros financiados con fondos públicos, abarcando las agresiones que puedan producirse tanto en el ámbito físico como a través de medios digitales. Esto incluye, por tanto, la protección de todo el personal que trabaje en estos centros, incluidos docentes, personal de atención educativa y aquellos que desempeñen funciones administrativas y de servicios en los centros concertados, tanto públicos como privados no universitarios.

Un aspecto fundamental de este protocolo es la garantía de asistencia jurídica que proporcionará la Abogacía de la Generalitat, además de asesoramiento y apoyo psicológico a través de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat. De esta manera, se busca cubrir todas las necesidades que puedan surgir tras una agresión.

El protocolo aborda agresiones que puedan ocurrir durante las actividades lectivas, actividades complementarias o extraescolares, así como en el transporte escolar y durante la ejecución de funciones administrativas. Además, se contemplan las agresiones que surjan directamente de la actividad profesional del personal educativo.

“Este protocolo representa un avance significativo para la protección del personal docente y no docente, asegurando que puedan llevar a cabo sus funciones en un entorno que sea seguro y respetuoso,” comentó el president.

La resolución también incluye instrucciones claras sobre cómo actuar ante una agresión. En primer lugar, se deberá prestar asistencia inmediata y colaborar en la contención de la situación por parte del personal presente. Si la situación lo requiere, se puede solicitar la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil.

En caso de que la agresión constitutiva de un delito sea evidente, la víctima tendrá la opción de interponer una denuncia ante el Ministerio Fiscal, en el juzgado de guardia o en cualquier dependencia de las fuerzas de seguridad del Estado.

Además, se instruirá a los directores de los centros para que comuniquen lo sucedido en el Registro Previ de Ítaca y que informen a la inspección educativa, así como a la persona agredida sobre las acciones que se tomarán conforme a este protocolo.

Por otro lado, se formará una comisión de seguimiento destinada a evaluar la implementación del protocolo. Esta comisión estará compuesta por representantes de las direcciones generales de Innovación e Inclusión Educativa, de Personal Docente y de Función Pública, así como por miembros de las organizaciones sindicales presentes en las mesas sectoriales de Educación y Función Pública, la Inspección Educativa, y los comités de seguridad y salud laboral.

Finalmente, el president Mazón anunció que este protocolo será acompañado por una guía práctica diseñada para ofrecer apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal que trabaja en los centros educativos, consolidando así un marco de protección fundamental ante situaciones de riesgo.