El gobierno valenciano ha revelado que la cantidad de viviendas turísticas en la Comunidad Valenciana puede ser considerablemente mayor que las 120.000 unidades actualmente contabilizadas.
Esta información fue dada a conocer por la consellera de Turismo, Nuria Montes, durante una comparecencia en Les Corts, donde anunció la aprobación de una nueva ley que contendrá "importantes novedades" para regular las viviendas turísticas y combatir la economía sumergida en la región.
Se espera que esta normativa sea aprobada antes del verano y contempla medidas como ligar la licencia de los pisos turísticos a los propietarios en lugar de a las propiedades, obligando así a actualizarlas en caso de venta.
Montes enfatizó la importancia de mantener un adecuado equilibrio entre las viviendas turísticas y otros tipos de alojamiento dentro del sector turístico valenciano.
Según los cálculos de la Generalitat, la cantidad real de viviendas turísticas en la región podría ser el doble o más de las cifras registradas, lo cual representa un desafío en términos de regulación y control.
La consellera también denunció la oferta ilegal de habitaciones dentro de viviendas turísticas, una práctica que será perseguida y sancionada de acuerdo con la normativa vigente.
La intención de la nueva ley es combatir la economía sumergida sin afectar a las viviendas turísticas legales que son parte fundamental del modelo turístico de la región.
En cuanto a la inspección, se implementarán medidas innovadoras que incluirán el uso de inteligencia artificial y la colaboración con otras entidades para combatir la economía sumergida de manera más eficaz.
Por otro lado, la simplificación administrativa será clave para evitar retrasos en los trámites de las viviendas turísticas y garantizar una aplicación efectiva de la normativa.
A pesar de los esfuerzos a nivel autonómico, la consellera criticó al Ministerio por no convocar la Conferencia Sectorial durante un año y por no cruzar datos con las plataformas de internet para combatir la economía sumergida en el sector de viviendas turísticas.
En relación con las posibles sanciones a las plataformas, Montes indicó que existe un reglamento europeo que podría ser adelantado para abordar esta problemática, aunque es una responsabilidad que recae en el Ministerio realizar la transposición a la legislación estatal.
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