La reciente crisis en la presa de Forata ha puesto de manifiesto una grave omisión por parte de las autoridades responsables, revelando la falta de sirenas de alerta como una negligencia inaceptable en materia de seguridad pública. Este asunto ha sido objeto de críticas por parte de la Generalitat Valenciana, que ha exigido una auditoría exhaustiva sobre los recursos técnicos disponibles para prevenir inundaciones en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Según la administración autonómica, la ausencia de estos sistemas acústicos en la presa es "inaudita y preocupante". Las sirenas son fundamentales para alertar a las poblaciones cercanas en situaciones de emergencia, especialmente ante el riesgo de colapso de esta crucial infraestructura hídrica, que se encuentra bajo la responsabilidad de la CHJ.

Las autoridades valencianas han manifestado su desconcierto ante la falta de acción de la CHJ en este aspecto vital, afirmando que la instalación de las sirenas es obligatoria y está prevista en el Plan de Emergencia de la presa. "Es incomprensible que la CHJ no haya cumplido con esta obligación", insisten desde la Generalitat.

Esta omisión ha sido calificada como una "irresponsabilidad manifiesta" por parte de la Confederación, así como del Ministerio para la Transición Ecológica, que debieron haber implementado las sirenas conforme a la normativa vigente. "La falta de estas señales de alerta, evidenciada durante la dana del 29 de octubre, pone en riesgo a los municipios vecinos de la presa", subrayan desde la administración autonómica.

En este sentido, se destaca que, de haberse alcanzado un Escenario 3 —el colapso total de la presa— las poblaciones como Yátova, Macastre, Alborache y Turís no habrían recibido aviso alguno, exponiéndolas a un peligro inaceptable. La Generalitat asegura que es "inadmisible" que una infraestructura catalogada con el mayor nivel de riesgo carezca de un sistema de alerta durante más de diez años, lo que refleja una utilización cuestionable de los recursos públicos.

Asimismo, denuncian que la CHJ no convocó al Comité Permanente de Seguridad en la crucial fecha del 29 de octubre, y que también falló al no contar con un sistema de alerta temprana que pudiera haber mitigado o evitado los riesgos de inundación. Un sistema que, como señala la exministra Teresa Ribera, podría haber "salvado vidas" y que está en funcionamiento en otras confederaciones, como la del Ebro.

Ante esta alarmante situación, la Generalitat ha solicitado la realización de una auditoría "inmediata e independiente" que examine detalladamente la gestión de los fondos públicos manejados por la CHJ, asegurando que cada euro destinado a la seguridad se utilice de manera efectiva.

Además, demandan respuestas claras y rápidas del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, respecto a por qué no se activó el Escenario 3, a pesar de que las condiciones lo justificaban: "Queremos entender si se optó por esta omisión para ocultar la falta de sirenas", manifiestan.

Por último, hacen un llamado a la implementación de un plan de acción urgente, con plazos concretos, para la instalación de los sistemas de alerta obligatorios en todas las estructuras hidráulicas bajo la jurisdicción de la CHJ. La Generalitat se ha mostrado dispuesta a colaborar en la financiación de este proyecto, destacando que no permitirá que la falta de recursos de la CHJ añada más peligros ante futuras inundaciones.

Enfatizan que "la seguridad de los valencianos no es negociable" y que el Consell está decidido a no tolerar más excusas ni demoras en la activación de todos los sistemas de seguridad, prevención y respuesta ante el riesgo de inundaciones en la demarcación del Júcar.