VALÈNCIA, 9 de enero. En una respuesta decidida y coordinada ante la problemática presentada por la Dana, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha decidido sumar fuerzas con desguaces de diversas partes de España para hacer frente a la urgente retirada de vehículos dañados. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos y se está ultimando un plan para vaciar las campas municipales, contando con el respaldo de empresas de transporte que faciliten esta tarea.

El conseller Vicente Martínez Mus ha confirmado estos avances, señalando que ya están en la acción equipos de tratamiento de vehículos de comunidades como Aragón, Galicia y Madrid. Según Mus, este esfuerzo conjunto está diseñado para dotar a los consistorios de mayores recursos que les permitan intensificar sus labores de desalojo de vehículos en situación crítica.

"Desde el inicio de esta crisis hemos estado trabajando al lado de los municipios", destacó Mus. "Primero concentramos nuestros esfuerzos en retirar los vehículos más cercanos a infraestructuras críticas y, tras la promulgación del Real Decreto Ley del Gobierno, nos hemos alineado con los desguaces para actuar directamente en colaboración con las administraciones locales".

A pesar de que esta tarea no recae estrictamente en las competencias de la Generalitat, el objetivo es complementar los esfuerzos que los ayuntamientos ya realizan junto con los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil (CAT). Como aclaró el conseller, estos centros son los únicos autorizados para llevar a cabo los procesos de descontaminación necesarios, y su papel seguirá siendo crucial. Sin embargo, se les proporcionará un respaldo adicional para facilitar que los vehículos acumulados en las ciudades sean retirados de manera más ágil.

La Conselleria ha revelado que hasta el momento se han retirado más de 40.000 vehículos, y que el ritmo actual de trabajo permite deshacerse de aproximadamente mil vehículos por jornada. Con las nuevas medidas implementadas y la autorización de fragmentadoras, se espera que este número siga en aumento. Mus hizo un llamado urgente al Gobierno para que se habiliten más peritos que garanticen que este proceso se ejecute de manera eficiente.

El conseller también recordó que, de acuerdo con el decreto gubernamental, la responsabilidad de la retirada de vehículos depende de la administración que controle la zona donde se encuentren almacenados. "Si los vehículos están en cauces, es responsabilidad del Gobierno; si están en vías autonómicas, le corresponde a la Generalitat, y los ayuntamientos deben ocuparse de los situados en parcelas municipales", enfatizó.

El objetivo persistente es seguir colaborando con los ayuntamientos y los desguaces para encontrar soluciones que permitan una retirada más rápida de los vehículos y, así, devolver la normalidad a las comunidades afectadas. Mus destacó que se han llevado a cabo múltiples reuniones y que el contacto entre las partes es "permanente y diario".

Adicionalmente, la Generalitat está implementando un control de matrículas para todos los vehículos retirados, lo que permitirá recopilar y actualizar la información de localización en una aplicación dedicada a este fin. Esta medida garantiza la trazabilidad necesaria para que los ciudadanos interesados puedan conocer la ubicación exacta de sus vehículos, según afirmaron desde el Consell.