La Sindicatura de Comptes de Valencia tiene planes importantes para el próximo año, centrados en la revisión de la gestión de fondos públicos en el contexto de la reciente dana. Este ejercicio se materializará en auditorías que evaluarán las contrataciones y ayudas destinadas a contrarrestar los efectos del desastre ocurrido el 29 de octubre. Se espera que estos informes inicien un proceso de fiscalización que abarque los años 2024 y 2025, tal como se establece en el Programa Anual de Actuación 2025, aprobado recientemente por el Consell el 23 de diciembre.

Se prevé que se lleven a cabo dos informes especiales que analizarán en detalle los contratos y subvenciones vinculados a la recuperación tras la dana, los cuales serán denominados 'Informe especial sobre la contratación DANA 2024-2025 en el sector autonómico' y 'Informe especial sobre subvenciones y ayudas DANA 2024-2025 en el sector autonómico'. Estos documentos se desarrollarán en fases, dependiendo de las circunstancias que se presenten durante el período de auditoría.

Asimismo, las entidades implicadas en la respuesta a la dana, como la Valenciana de Estrategias y Recursos para la Sostenibilidad Ambiental SA (VAERSA) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), serán objeto de un exhaustivo escrutinio. Las auditorías de contratación y subvenciones realizadas por la Cuenta de la Administración y Labora también incluirán la evaluación de su gestión con respecto a la crisis provocada por la dana, todo ello en coordinación con los informes especiales previamente mencionados.

Adicionalmente, la Sindicatura llevará a cabo auditorías financieras y de legalidad sobre la cuenta de la Administración de la Generalitat, además de evaluar el cumplimiento normativo en contratación, subvenciones y gastos de personal. A esta actividad se sumarán auditorías específicas de diversas entidades, como la Agencia Tributaria Valenciana y el Consorcio Hospitalario provincial de Castelló, entre otras, culminando en cinco volúmenes que evaluarán la Cuenta General de la Generalitat y sus controles formales correspondientes.

El programa también incluye auditorías operativas que se presentan como un “referente nacional” según la propia Sindicatura. Estas auditorías, que pueden extenderse a lo largo de varios años, proporcionan a los ciudadanos información vital sobre la gestión de los fondos públicos y su efectividad en alcanzar los objetivos de las políticas públicas. En este contexto, se evaluarán las estrategias de protección civil y la gestión de riesgos de desastres en la Comunitat Valenciana, con un seguimiento que se proyecta hasta 2026.

Se prevé que se finalicen las auditorías iniciadas en 2024, que se centran en diversas áreas, entre ellas la atención sanitaria a desplazados temporales y la gestión de la vivienda protegida. También se abordará la atención educativa para estudiantes con necesidades específicas y se evaluará la planificación estratégica de las subvenciones en la administración pública autonómica, junto con un análisis del programa Investigo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En lo que se refiere a la digitalización de la administración, se finalizará la auditoría de sistemas de información en relación al proyecto NEFIS de la Generalitat, que busca garantizar la seguridad de los datos y facilitar la implementación de una administración electrónica más eficiente y transparente. Se espera que este proceso contribuya a mejorar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

En complemento, se concluirá la auditoría de la Plataforma de gestión de tramitaciones electrónicas y de la historia clínica electrónica única. También se desarrollará un informe especial sobre las aplicaciones corporativas utilizadas en la administración valenciana.

La ciberseguridad también será objeto de especial atención en 2025; se llevará a cabo una evaluación de la estructura de gobernanza de la ciberseguridad en el sector público instrumental y la administración de la Generalitat. No se omitirán los informes anuales sobre la Cuenta General de Les Corts Valencianes, con enfoque tanto en el cierre del ejercicio 2023 como en la apertura del 2024.

En la línea de control de entidades locales y en virtud de la creciente preocupación por la crisis climática y energética, la Sindicatura auditoría el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios, cuyo fin está programado para 2026. Además, se completarán informes especiales sobre la cuenta general de estas entidades y la fiscalización de contrataciones en 2023 y 2024.

Las auditorías de sistemas de información también contemplarán la resiliencia frente a interrupciones en la administración electrónica de los entes locales. Se espera que en 2025 se publiquen auditorías financieras y de legalidad de las cuentas consolidadas de diversas administraciones locales, incluyendo la Diputación de Castellón y varios municipios relevantes.

Las universidades públicas de Valencia también serán evaluadas mediante un informe que complemente el análisis que realiza una firma privada contratada para la rendición de cuentas, asegurando así más transparencia en su gestión financiera.

Internamente, la Sindicatura tiene previsto desarrollar y poner en marcha el Plan Estratégico de Gobierno del Dato y Datos Abiertos (PEGODA) durante 2025, además de continuar la actualización de su Inventario de Entes Sujetos a Fiscalización y la Base de Datos Económicas del Sector Público Autonómico Valenciano, que ya incluye datos de 2023.

Finalmente, en 2025 se mantendrá el control de la gestión económica de la Sindicatura, en sinergia con la auditoría financiera externa anual, centrando la atención en la revisión de nuevas aplicaciones de contabilidad y recursos humanos, lo que resalta el compromiso de la entidad con la eficacia y la mejora continua en la supervisión pública.

La Sindicatura también ha subrayado que todos los procesos de fiscalización se realizan conforme a las normativas legales y técnicas establecidas, adheriéndose a las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al sector público español (NIA-ES-SP), asegurando un control riguroso y transparente de los recursos públicos en beneficio de todos los valencianos.