• viernes 27 de enero del 2023

Las ITV solicitan a Puig que interceda para eludir el "caos y colapso" del servicio tras la reversión

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Denuncian el "retardo" en el desarrollo y apremian a negociar una exclusiva prórroga para una "transición sosegada" hacia la administración pública

VALÈNCIA, 19 Ene.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) ha denunciado que la reversión del servicio amontona "prácticamente" entre 12 y 14 meses "de retardo" con en comparación con calendario marcado y que la Generalitat "no está lista" para asumir la administración.

Por ello, ha apremiado al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, a negociar "con urgencia" un calendario "posible" para una "transición apacible", que integre una prórroga de 15 meses de la concesión, y pidieron que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, interceda si esto no pasa para lograr eludir el "caos y colpaso inminente" del servicio.

Así lo han expuesto, en una rueda de prensa este jueves, el representante de Aecova-ITV, Francisco Llopis, y el vocal de la asociación, Ignacio Guerrero.

Los representantes de las ITV han criticado que el calendario en un inicio propuesto por la Conselleria arrastra un "retardo notable" de "prácticamente 12 meses" pues la compañía pública debía haberse constituido en el primer mes del año de 2022 y se realizó en el mes de noviembre, con lo que resulta "inviable que en 2 o tres meses se recupere todo el retardo que llevan juntado".

Llopis ha denunciado que la reversión es "precipitada" y también "injusta" pero las compañías prosiguen "suponiendo viable realizar una transición apacible" y que Climent "sostenga su deber político" para "eludir el colapso" del servicio y que su calidad no se vea perjudicada. "Vamos tarde si deseamos realizar las cosas bien", ha advertido, si bien en este preciso momento "el diálogo no existe".

En ese sentido, ha solicitado que desde la Conselleria "cojan las bridas de la administración en el momento en que verdaderamente estén preparados" por el hecho de que "las prisas no son buenas" y el conseller y la compañía pública "en la actualidad saben que no están preparados".

Además, ha señalado que si el conseller "no toma esta resolución", ha de ser el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el que lo realice y "lleve a cabo reconsiderar a Climent" que se siente a "pactar un calendario de reversión posible". "Si no es de este modo, los únicos responsables del colapso y el caos van a ser ellos mismos", ha sobre aviso.

Así, ha aseverado que la Conselleria "no posee un plan" y que su única forma de estar comunicado con las concesionarias es "a partir de requerimientos que siempre y en todo momento se dictan tarde y fuera de tiempo", "ciertos de irrealizable cumplimiento". "No deseamos que por la improvisación deje de marchar el servicio y se nos transforme en cabezas de turco de sus prisas", aseguró.

Ignacio Guerrero ha expuesto que a todo ello se aúna la supresión de la obligatoriedad de la prueba de sonometría en las inspecciones, una resolución que según ha argumentado "va en oposición a las ordenes de europa", nuestra Conselleria de Medio Ambiente, la Ley del Ruido de la Comunitat Valenciana y del deber suscrito con las compañías de que no se iba a remover hasta el momento en que se acabase la prórroga".

Ha detallado que la supresión piensa una pérdida del 20% de los capital y del 80% de los desenlaces de las compañías, con lo que hace "irrealizable recobrar las pérdidas" del intérvalo de tiempo del covid que motivaron la presente prórroga, como marca el Real Decreto 8/2020. Además, ha expuesto que "tumba las previsiones" de capital de la Conselleria en el momento en que acepte la administración.

En esa línea, han lamentado que la prórroga ahora concedida "interpreta de forma torticera y sesgada el derecho de los comercios que venden automóviles por el lucro cesante" de los daños por la pandemia y que, con la supresión de la sonometría, "cambiaron las reglas de juego" una vez fijada la prórroga, en tanto que esta formaba una parte del cálculo inicial de capital.

La asociación aseguró en múltiples oportunidades que la supresión de la prueba podría llevar a un ERE de 300 trabajadores. Preguntados sobre esto, Llopis ha puntualizado que los hombres de negocios tienen la posibilidad de elegir achicar las contrataciones temporales que se realizan en temporadas clave y podrían "limitar algún contrato", si bien "si queda mes y medio no van a ocasionar un ERE".

No obstante, han correcto que la Generalitat va a deber "mejorar desenlaces" y tiene la posibilidad de tener que "cortar su composición". Así, ha precisado que los reportes de MConsulting completados para la reversión apuntaban a provecho para la compañía pública de 30 millones de euros y que la supresión de la prueba puede recortarlos a 16 millones.

Además, los representantes de las ITV han solicitado "auditorías personalizadas" para elegir las condiciones laborales de todos los 1.200 trabajadores damnificados, sujetos a distintas convenios.

Por otro lado, ha incidido en que los contratos de recursos de las compañías concesionarias no se tienen la posibilidad de subrogar por la parte de la compañía pública, obligada a sacar certamen público. Según los representantes de las ITV, la Generalitat ha preparado que han de ser las concesionarias las que contengan y/o amplíen los contratos hasta el 30 de junio y no les abonará el coste, aparte de que la compromiso de estos contratos proseguirá siendo de las compañías.

"No puede utilizarnos para contratar unos servicios a fin de que ella los logre gozar", han esgrimido los hombres de negocios, que señalan a que esto "es ilegal" y la "compañía pública debe asistir a concursos y licitar las cosas como Dios manda".

Asimismo, Guerrero indicó que "hay zonas, más que nada en la provincia de Alicante, que de hacerse esta reversión acelerada prácticamente se van a quedar sin servicio", como Santa Pola, Pilar de la Horadada, Orihuela, Novelda o Redován, una situación que dejaría "prácticamente a 300.000 conductores sin hacer las ITV en las estaciones donde en la actualidad las efectúan".

Según ha detallado Guerrero, en estas zonas la compañía concesionaria instaló entidades móviles inteligentes a lo largo de la pandemia para ofrecer servicio a estas zonas, que se retirarán en el momento en que concluya la concesión pues no se revierten. Además, 2 estaciones fijas en Pilar de la Horadada y Redován tenían contratos anteriores al sistema concesional y no se subrogarán tampoco, pero por el decreto de la Generalitat no van a poder prestar el servicio, explicó.

Por todo lo previo, han explicado que Aecova-ITV ha anunciado una secuencia de elementos tanto por la vía administrativa como por la contenciosa, tal como escritos de observación. El primero, un recurso de reposición contra la resolución de la Conselleria sobre el cuidado de los contratos de recursos.

También han recurrido la resolución de la Conselleria por la que se les ha concedido la prórroga de un par de meses de la concesión por los servicios no prestamos a lo largo de la pandemia. Por otro lado, han anunciado un escrito en el que dan a conocer que, a consecuencia de la supresión de la prueba sonora, hay que prorrogar la concesión 15 meses.

Por último, ha enumerado Guerrero, se ha anunciado un escrito de observación sobre "cuáles tienen la posibilidad de ser las adversidades técnicas de la toma de resoluciones precipitada a fin de que no se pretenda culpar más adelante a las compañías concesionarias del caos y colapso del servicio público desde marzo en el momento en que la compañía pública acepte la administración".

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