En un acontecimiento significativo para la radiotelevisión pública valenciana, el pleno de Les Corts Valencianes ha tomado la decisión de elegir a los nuevos miembros del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) este jueves. En esta segunda votación, los votos a favor del Partido Popular (PP) y Vox han logrado posicionar a los siete integrantes, mientras que el PSPV-PSOE y Compromís se opusieron a la elección, considerando que se trataba de un intento de control político.

El nuevo consejo de administración, que tendrá la responsabilidad de supervisar la operación de la radiotelevisión À Punt, estará integrado por figuras propuestas por el PP, siendo ellos María José Arambul, Juan Alfonso Gil, Rosalía Mayor, Vicente Ordaz y Pilar Caro. Por su parte, Vox ha designado a Julio Utrilla y Susana Pérez, completando así la terna necesaria para el organismo que regirá la audiovisual valenciana.

El rechazo del PSPV y Compromís a participar en el proceso fue declarado abiertamente. Consideraron que la convocatoria estaba destinada a facilitar un "asalto" a À Punt y criticaron la falta de un proceso democrático genuino en la elección de sus representantes. Esta postura ha generado una notable división en Les Corts, que se ha evidenciado durante la votación.

A pesar de los intentos de bloqueo en la primera ronda de votación, donde el PP y Vox no lograron alcanzar la mayoría de tres quintos requerida, en la segunda votación obtuvieron los apoyos necesarios para que la elección se llevara a cabo. En ambas rondas, se contabilizaron 53 votos a favor, así como 42 nulos y cuatro en blanco, evidencia de la disputa política que rodea este proceso. Los votos en blanco incluyen la inscripción 'Mazón dimisión' en las papeletas de los diputados de PSPV y Compromís, añadiendo un componente de protesta a la situación.

La reciente ley sobre la Corporación Audiovisual, que fue aprobada en junio con los votos de PP y Vox, establece que el consejo de administración debe estar compuesto por ocho miembros: siete elegidos a través de Les Corts y el octavo designado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Este marco legal refuerza el papel del PP y Vox en la gestión del ente público, un aspecto que ha sido motivo de controversia.

La urgencia por formar este nuevo consejo se debe a la reciente dimisión de Alfred Costa como director general de À Punt, un cargo que ocupó durante casi cinco años. Su salida dejó un vacío que necesitaba ser llenado de manera expedita para evitar un desinterés en la gestión de la radiotelevisión valenciana.

La estrategia del PP había sido clara en la búsqueda de una renovación completa de los órganos estatutarios en À Punt, buscando que todos los grupos de Les Corts estuvieran representados. Sin embargo, la dimensión del vacío de poder tras la renuncia de Costa llevó a los populares a priorizar la activación de la nueva ley sobre À Punt, presentando cinco candidatos con un perfil técnico para formar el nuevo consejo. Vox se sumó a esta propuesta con dos adicionales, pero la negativa del PSPV y Compromís de participar ha dejado ver su desconfianza en el proceso, acusando al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de intentar ejercer un control sobre la radiotelevisión pública que debe ser imparcial y objetiva.