VALÈNCIA, 30 de octubre.

Un grupo de 418 personas que se vieron afectadas por la severa tormenta que azotó la región el 29 de octubre de 2024 ha tomado medidas legales al presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial. Este documento ha sido dirigido tanto a la Generalitat Valenciana como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Gobierno central, en busca de una indemnización que asciende a 58 millones de euros por los daños sufridos.

La noticia fue dada a conocer en una conferencia de prensa celebrada el jueves por Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, en compañía de Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud. Esta declaración se produce un día después de conmemorar el primer aniversario de la tragedia, que causó 229 víctimas mortales y pérdidas económicas cuantificables en millones. La reclamación fue presentada en el último día del plazo de un año estipulado para este tipo de denuncias ante las administraciones.

Durante la rueda de prensa, el abogado argumentó que numerosas pérdidas podrían haberse evitado, añadiendo que las lluvias no debieron ser consideradas un evento de fuerza mayor debido a que no se registraron en Horta Sud. También subrayó que las indemnizaciones que se buscan abarcan un amplio espectro de daños.

Hernández detalló que entre las reclamaciones se encuentran 12 familias que han perdido hasta seis seres queridos, además de 107 hogares inhabitables, 102 vehículos dañados y 12 empresas impactadas. Según su análisis, la mayoría de la compensación solicitada se refiere a daños morales por las pérdidas y los sufrimientos causados.

El letrado destacó que la vida de las víctimas ha cambiado para siempre desde aquel trágico evento, enfatizando que no se implementaron las adecuadas medidas de alerta que permitirían a los ciudadanos protegerse ante tales eventualidades. Este punto se centró en las responsabilidades que tienen las autoridades autonómicas.

En relación con la CHJ, Hernández mencionó que existen documentos en el proceso judicial que se desarrolla en Catarroja que apuntan a la falta de ejecución de infraestructuras que podrían haber mitigado el desastre. A su entender, este organismo tiene la obligación de mantener adecuadamente los ríos y afluentes de la región.

Las administraciones ahora tienen un lapso de seis meses para proporcionar una respuesta, ya sea aceptando o negando su responsabilidad. En caso de que no se emita contestación, la falta de respuesta generará silencio administrativo, lo que llevaría a la Asociación a iniciar un proceso judicial contencioso-administrativo.

Si tal escenario se materializa, Hernández expresó que la intención de los damnificados es unificarse en la demanda para evitar posibles incoherencias en las sentencias. Este procedimiento sería presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con la posibilidad de escalar al Tribunal Supremo (TS) en caso de apelaciones. Aunque también se contempla la opción de llevar el caso ante la Corte de Justicia de la Unión Europea si las acciones nacionales no resultan efectivas.

Al ser cuestionado sobre por qué se esperaba hasta la fecha límite del 29 de octubre de 2025 para interponer la reclamación, el abogado explicó que necesitaban consolidar todos los nuevos datos que emergieron durante el tiempo, los cuales podrían ser útiles tanto en el procedimiento administrativo como en el contencioso-administrativo. “Por eso hemos tomado este tiempo”, reafirmó, anticipando una lucha prolongada pero decidida.

Por su parte, Lesaec expresó su orgullo por el respaldo de más de 400 miembros en esta acción judicial y aseguró que “no se quedará en el aire”. Resaltó que esta asociación tiene la misión de exigir responsabilidades a quienes corresponda.

En relación a futuros desastres, hizo hincapié en la necesidad de abordar estas situaciones con seriedad. Criticó severamente la gestión del Cecopi durante la tormenta y calificó de “deplorable” la actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Asimismo, Lesaec aclaró que no buscaron unión con otras asociaciones de víctimas, dado que cada una ya cuenta con sus propios equipos legales. Hizo mención, por ejemplo, de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O, que sigue un camino diferente con sus propias solicitudes en la vía penal.