La consellera de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino, ha expresado su preocupación por la posible cesión de la recaudación de impuestos a Cataluña, al considerar que esta medida podría tener visos de ser inconstitucional. Desde el Consell advierten al Gobierno central que si se realizan acciones que afecten a la Comunitat Valenciana, estarán en contra de estas decisiones.
Estas declaraciones de Merino se produjeron durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que tuvo lugar el viernes pasado. Un día antes, se había hecho público el acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Entre las medidas contempladas en este acuerdo se encuentra la implementación de un plan para fomentar el regreso de las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña en los últimos años.
Ante esta situación, la portavoz del Consell dejó claro que el gobierno valenciano está trabajando para convertir la Comunitat Valenciana en un lugar atractivo para la inversión. Esto se logra mediante la implementación de reducciones fiscales y la eliminación de trabas burocráticas.
Merino afirmó que las empresas que decidieron trasladarse a la Comunitat Valenciana lo hicieron ejerciendo su libertad y que ahora encontrarán una oportunidad para crecer y sentirse bien acogidas. Sin embargo, advirtió que si el gobierno de España realiza acciones que afecten a la Comunitat Valenciana, tendrán una postura contraria.
Además, Merino criticó la posible cesión del 100% de la recaudación de impuestos a Cataluña y señaló que esto podría ser inconstitucional. En relación con esto, dejó claro que el Consell no está interesado en una transacción entre derechos constitucionales y dinero, privilegios, independencia o amnistía. Su objetivo es solucionar el problema del sistema de financiación de manera justa y equitativa para todos los territorios.
En resumen, desde la posición conservadora se cuestiona la constitucionalidad de la cesión de la recaudación de impuestos a Cataluña y se advierte al Gobierno central sobre posibles acciones que puedan afectar a la Comunitat Valenciana. Además, se pone énfasis en la necesidad de resolver el problema del sistema de financiación de manera justa y equitativa para todas las comunidades autónomas.