VALÈNCIA, 28 Ago. - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha pronunciado sobre las ayudas del Gobierno destinadas a los afectados por la DANA del 29 de octubre. Durante una reciente intervención en Llíria, Morant aseguró que la actual situación no refleja problemas de retrasos ni falta de capacidad ejecutiva por parte del Ejecutivo, sino que depende de la demanda de las diferentes líneas de ayuda ofrecidas.

Morant destacó que no se trata de un límite de gasto fijo impuesto por el Gobierno, sino de una intención clara de responder a las necesidades de las víctimas. Aseguró que, aunque existen líneas de apoyo que han tenido una aceptación abrumadora, hay otras que no han sido tan solicitadas. Frente a las críticas sobre la ejecución de estas ayudas, la ministra se comprometió a realizar una evaluación exhaustiva de las distintas líneas para determinar las que realmente han sido efectivas y si se deben crear nuevas opciones de apoyo.

La ministra defendió la gestión del Gobierno en situaciones de crisis, recordando que se han implementado medidas innovadoras en el pasado, como los ERTEs durante la pandemia y diferentes apoyos tras las erupciones volcánicas en La Palma. En su análisis, también mencionó cómo el Gobierno ha tomado medidas para combatir la inflación y proteger a las familias ante posibles repercusiones económicas, especialmente derivadas de la guerra en Ucrania.

En relación a la reciente DANA, Morant explicó que el Gobierno ha establecido un paquete diverso de soluciones para quienes necesiten acogerse a estas ayudas. Subrayó que algunas líneas han tenido una gran demanda y serán prácticamente completamente ejecutadas, mientras que otras, como los créditos ICO, no han encontrado el mismo interés por parte de los solicitantes.

Cuestionada sobre las 37.000 solicitudes de ayudas pendientes, Morant manifestó que no puede comentar las cifras exactas ya que no se encarga de su gestión, pero afirmó que el Gobierno ya ha transferido 7.000 millones de euros para ayudar a los afectados y a los ayuntamientos con los costes de reparación.

En este sentido, Morant destacó que esta es la primera vez que un Gobierno asume el total de los costos de los servicios municipales destruidos. También mencionó que se han asignado más de 1.000 millones de euros a personas que han perdido vehículos, así como a hogares y pequeñas empresas que han sufrido daños.

A pesar de estas transferencias, la ministra reconoció que el Consorcio de Compensación de Seguros todavía debe evaluar algunas de las solicitudes más complejas presentadas por las empresas, indicando que efectivamente hay un número significativo de ayudas que todavía están en revisión. Sin embargo, reafirmó que el compromiso del Gobierno es abordar todas las solicitudes lo antes posible.

Por otro lado, ante las críticas recibidas por parte del Consell, Morant dejó claro que la Generalitat no se posiciona como una víctima de la riada, sino como una institución responsable. Criticó la falta de acción del gobierno autonómico, acusándolo de no asumir un papel activo en la gestión de la emergencia y optar más por la confrontación que por la colaboración.

La ministra concluyó señalando que el Consell debería asumir su parte de responsabilidad y que hasta la fecha, la mayor parte de la inversión en la reconstrucción provenía del Gobierno, instando a que se incremente el compromiso de la Generalitat con su comunidad.