En medio de la crisis provocada por la DANA, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha planteado la difícil situación que enfrentan los municipios afectados, señalando que los estragos ocasionados por este fenómeno climático son signos de una planificación deficiente y de proyectos que no se ejecutan adecuadamente. Durante su intervención, Mus no dudó en responsabilizar al Consell de l'Horta por obstaculizar los avances en la construcción y adecuación de infraestructuras en áreas críticas como el Poyo y la Saleta, zonas que se desbordaron durante las intensas lluvias del 29 de octubre.

Mus hizo estas declaraciones en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts, donde explicó que su departamento necesita una inversión total de 2.600 millones de euros para llevar a cabo las labores de reconstrucción. Afirmó que los daños materiales causados son en gran medida "difícilmente evitables" dada la magnitud y la intensidad de las precipitaciones. En este sentido, advirtió sobre la escasa implementación de infraestructuras hidráulicas necesarias para la prevención de inundaciones, un asunto que recae en el ámbito de competencia del Gobierno español y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Frente a esta problemática, el conseller enfatizó la imperiosa necesidad de modificar de inmediato la Ley de la Huerta y de revisar el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) para facilitar y agilizar las acciones requeridas. Señaló que estas normativas no deberían convertirse en obstáculos que limitan las obras necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Martínez Mus garantizó que la Generalitat, en colaboración con los municipios, estará atenta y adoptará una postura firme respecto a las acciones que debe llevar a cabo la CHJ en el dominio público hidráulico para prevenir futuros desastres. Aseguró que su administración ya está implementando medidas para disminuir las barreras burocráticas que puedan retrasar las intervenciones urgentes.

Una de las propuestas clave de la Generalitat incluye modificar la Ley de la Huerta para facilitar la ejecución de proyectos relacionados con la canalización de ríos y barrancos. En este aspecto, Mus reiteró la acusación contra el Consell de l'Horta por frenar los trabajos en los mencionados barrancos, subrayando que es esencial realizar cambios significativos en este sentido.

Además, el conseller anunció que su departamento se encuentra trabajando en un marco normativo “extraordinario y urgente” en materia urbanística, destinado “exclusivamente” a los municipios que han sufrido inundaciones. Este marco permitirá la colocación de instalaciones provisionales y facilitará la reparación o reconstrucción de edificaciones dañadas con una simple declaración responsable, ajustándose a las necesidades más apremiantes del terreno afectado.

Martínez Mus también sugirió la posibilidad de regular un Plan Urbanístico Especial de Reconstrucción que habilite la creación de suelo para vivienda protegida y la reubicación de polígonos industriales o comerciales. Estas propuestas tienen como finalidad primordial responder con rapidez a la emergencia y permitir que las comunidades afectadas se restablezcan lo más pronto posible.

Asimismo, el conseller recordó la importancia de aprender de las lecciones que la DANA ha dejado atrás, abogando por un replanteamiento del modelo territorial y reclamando insistentemente al Gobierno de España que cumpla con sus responsabilidades en materia de infraestructura y saneamiento. “Es imperativo actuar dentro del marco legal, pero de forma excepcional y decidida”, enfatizó.

Martínez Mus también ahondó en la “infrafinanciación” que afecta a la Comunitat Valenciana, solicitando que se aumenten los recursos destinados a las labores de reconstrucción que, de acuerdo con sus cifras, ascienden a 2.600 millones de euros, cantidad que el Gobierno español debería atender con urgencia. Reiteró: “Es fundamental que el Gobierno central haga una contribución más significativa que la que ha anunciado hasta ahora.”

En esta línea, llamó al Gobierno de España a colaborar con la Generalitat para que la Unión Europea también pueda participar en el financiamiento de las tareas de reconstrucción, mostrando su disposición a trabajar de manera conjunta con todos los grupos presentes en Les Corts. “Con el apoyo de todos, estoy convencido de que el pueblo valenciano podrá superar este desafío”, concluyó.

Desde la oposición, Ana Mª Bellver, de Vox, exigió una “reforma integral” de la Ley de la Huerta, abogando incluso por la eliminación del Consell de l'Horta, al considerarlo un organismo innecesario que ha demostrado su ineficacia pese a recibir financiación significativa. “El dinero público debe centrarse en las necesidades de los valencianos, y no en organismos superfluos”, argumentó contundentemente.

Por su parte, Juan Bordera, de Compromís, criticó al conseller Martínez Mus por señalar que el actual Consell es responsable de los recortes del 50% en el presupuesto destinado a canalizaciones cuando su partido asumió el gobierno, descalificando la acusación de que la Ley de la Huerta limita las obras de encauzamiento. También lanzó una crítica hacia el proyecto de ley de simplificación que permite la construcción cercana a la costa.

Rosario Navalón, del PSPV, tomó una posición similar, afirmando que no existe informe que bloquee las intervenciones en los barrancos, y acusando al Gobierno de reducir el papel del Consell de l'Horta. A su juicio, se ha priorizado el beneficio de unos pocos, olvidando las necesidades de un desarrollo sostenible a largo plazo.

Finalmente, Jesús Lecha, del PP, se cuestionó la existencia de un líder en la CHJ, reclamando una mayor responsabilidad de la presidencia del Gobierno en esta crisis. Criticó duramente la falta de respuestas desde el Ejecutivo y afirmó que los afectados por la DANA no han recibido la ayuda necesaria del Gobierno.

En su defensa, Martínez Mus reiteró que no había un manual de actuación para el evento del 29 de octubre, que constituía una situación excepcional. Asimismo, puso en tela de juicio la efectividad de la Ley de la Huerta, calificándola de obstáculo para la realización de las obras necesarias.

Por último, el conseller manifestó su desconcierto ante la ausencia de la exministra Teresa Ribera en Valencia y cuestionó la voluntad política del Gobierno respecto a la ejecución de obras pendientes, una interrogante que, según sus palabras, le inquieta diariamente.