VALÈNCIA, 21 Noviembre. La situación política en la Comunidad Valenciana se complica a medida que el candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se presenta ante la jueza de Catarroja en relación con la devastadora dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, un evento que resultó en 229 fallecimientos. La comparecencia se inició a las 11:45 horas de este viernes.

Pérez Llorca arribó a los juzgados en un intento por atender a sus responsabilidades legales, utilizó la entrada de garaje del edificio judicial. Su declaración sigue a la de otros testigos, incluido el dueño de El Ventorro, el restaurante donde se encontraba el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana en el día de la tragedia.

Las razones detrás de la citación de Pérez Llorca se centran en sus comunicaciones con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien es investigada por su rol en la gestión de emergencias durante la dana. La magistrada ha indicado que Pérez Llorca tuvo varias interacciones telefónicas con Pradas ese fatídico día, incluyendo una serie de llamadas que pudieron haber influido en la toma de decisiones en ese crítico momento.

De acuerdo con la jueza, la magnitud de las comunicaciones entre los tres actores—Pérez Llorca, Mazón y Pradas—podría arrojar luz sobre el manejo de la emergencia. Pradas, en su declaración, destacó la percepción de una relación cercana entre ella y Pérez Llorca, incluso refiriéndose a él como Juan Fran Mazón en sus contactos, lo que podría implicar un grado de complicidad o colaboración relevante en la gestión de la crisis.

La magistrada subraya que el análisis de estas comunicaciones es esencial para desentrañar el proceso de toma de decisiones durante el evento del 29 de octubre, especialmente en lo que respecta a la emisión de alertas a la población. Este escrutinio se justifica en el interés de esclarecer las dinámicas que pudieron haber llevado a decisiones equivocadas o a la falta de aquellas que podrían haber mitigado los daños causados por la inundación.

Adicionalmente, se enfatiza la necesidad de investigar el nivel de información que tenían los participantes de la reunión del Cecopi, órgano encargado de la gestión de emergencias. La falta de transmisión de información clave podría haber llevado a decisiones erróneas, subrayando la gravedad de la situación y la importancia del papel del liderazgo en momentos críticos.

Por último, es importante recordar que según un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, emitido el 16 de octubre de 2025, Mazón es considerado la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, con poder para dar instrucciones a los miembros del Consell. Esta condición resalta la responsabilidad que tienen los líderes políticos en la gestión de crisis y señala un camino para futuras investigaciones sobre la efectividad de las decisiones tomadas en ese día fatídico.