VALÈNCIA, 10 de diciembre. En la próxima sesión del pleno de Les Corts, que tendrá lugar la próxima semana, el Partido Popular (PP) y Vox han expresado su firme apoyo a sus candidatos para el nuevo consejo de administración de À Punt. Por otro lado, PSPV y Compromís han explicado su negativa a participar en este proceso, argumentando que desean evitar cualquier tipo de "secuestro" o "control político" de los medios públicos que son de titularidad autonómica.

Estos puntos de vista han sido expuestos por los diversos grupos políticos en una rueda de prensa celebrada tras la junta de síndics del martes, justo un día después de que se cerrara el plazo para que los partidos presentaran sus propuestas de candidatos con el fin de formar parte del nuevo consejo de administración.

Según lo dispuesto en la reciente ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), que fue aprobada en junio con el respaldo de PP y Vox, este consejo estará compuesto por ocho miembros. De esos, siete serán elegidos por Les Corts, mientras que el octavo será nombrado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP, ha criticado a PSPV y Compromís por no haber "respetado el resultado electoral" correspondiente a las elecciones de 2023, aludiendo a la victoria de Carlos Mazón y el PP. Pérez Llorca ha defendido que la nueva normativa para À Punt se ajusta de manera equitativa al funcionamiento de otras cadenas de televisión en el país, sugiriendo que su implementación responde a prácticas comunes y esperadas.

El síndic popular ha resaltado la valía de los candidatos propuestos por su partido, que incluyen a figuras como María José Arambul, Juan Alfonso Gil, Rosalía Mayor, Vicente Ordaz y Pilar Caro, a quienes describe como “perfiles independientes” y periodistas con experiencia. Además, ha lamentado la decisión de PSPV y Compromís de no colaborar en un proceso que busca crear una televisión más plural, sugiriendo que su actitud demuestra falta de disposición por "ponerse a trabajar".

Pérez Llorca ha afirmado que el PP había hecho "varios ofrecimientos" a los otros grupos con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la composición del consejo, y ha enfatizado que no ha presentado candidaturas en exceso, sino que se han limitado a cinco propuestas para la elegibilidad.

Por otro lado, el síndic del PP ha cuestionado si resulta "una broma" que el PSPV plantee dudas sobre este proceso cuando, en el mismo momento en que se producían tragedias humanas debido a la calamidad sufrida en Valencia el 29 de octubre, el Congreso estaba debatiendo la renovación de RTVE. Ante esto, ha manifestado su incredulidad y ha tildado dicha situación de "vergüenza", instando a los socialistas a responder a la ciudadanía sobre sus verdaderas intenciones.

Por consiguiente, Pérez Llorca ha indagado sobre las razones por las cuales PSPV y Compromís están reacios a la renovación tanto de À Punt como de otros órganos estatutarios, insinuando que su resistencia se debe a que poseen "a su gente colocada" y que su principal interés radica en mantener esa situación.

A pesar de las tensiones, ha expresado su deseo de "continuar llegando a acuerdos" con la oposición para avanzar hacia una televisión que represente realmente a la pluralidad y que logre captar más audiencia. En su argumento, ha defendido que lo que mayor seguridad proporciona es la aplicación de la ley, un proceso que sostendrá el próximo pleno de Les Corts.

En defensa de sus candidatos, José Mª Llanos, síndic de Vox, ha afirmado que sus propuestas —Julio Utrilla y Susana Pérez— son las más adecuadas y competentes para integrar el consejo de administración de À Punt, destacando su reconocimiento y experiencia profesional. Aprovechando la ocasión, también criticó a PSPV y Compromís por no haber presentado ninguna propuesta válida, reiterando que en la misma semana de la tragedia ocasionada por la dana, el PSOE y sus aliados estaban discutiendo cambios en RTVE.

A pesar de las acusaciones, Llanos ha remarcado que se han seguido las pautas estipuladas por la ley para la elección de los miembros del consejo de À Punt. Ante las críticas del PSPV, José Muñoz ha aseverado que ya se ha expuesto claramente cuáles son las intenciones del PP en relación a À Punt, al señalar que incluso el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, intentó "regalar" la dirección general en un día tan trágico como el del 29 de octubre.

El síndic socialista ha argumentado que no era el momento apropiado para llevar a cabo la renovación de la dirección de la televisión pública, sugiriendo que lo lógico hubiera sido que el PP y Mazón se centraran en responder a las emergencias generadas por la calamidad. Ha criticado que, mientras las vidas de valencianos se veían en peligro, Mazón aprovechara esa situación para otorgar À Punt a personas de su confianza directa.

Así, ha justificado la negativa del PSPV a involucrarse en lo que considera un "control político" de À Punt, recordando la historia de Canal 9 y advirtiendo que cuando un proceso comienza de una manera cuestionable, suele finalizar de la misma forma. Muñoz ha expresado su preocupación de que el actual escenario se asemeje al modo en que Canal 9 fue manejada en el pasado, lo que representa un riesgo inaceptable para la integridad de la televisión pública.

Desde Compromís, Joan Baldoví también ha expresado su firme oposición a lo que calificó como un "secuestro y asalto" de la televisión pública valenciana. Ha criticado al PP por intentar instaurar un modelo de control similar al de la Agencia Antifraude, subrayando que los cambios realizados en la ley demuestran una clara intención de dominar la comunicación pública. Para Baldoví, esta no es la dirección que debe tomar À Punt, que en su opinión ha demostrado ser un referente de independencia, especialmente durante la cobertura de la reciente calamidad.

Por lo tanto, ha declarado que Compromís no participará en estos acuerdos, ya que ello significaría legitimar el ataque a À Punt. Ha alertado sobre el peligro de regresar a épocas de oscurantismo en la televisión pública, situaciones frente a las cuales su formación se niega a ser cómplice, defendiendo la necesidad de mantener la independencia y la ética en los medios de comunicación públicos.