Este sábado, València fue escenario de una masiva manifestación que recorrió el centro de la ciudad con el objetivo de demandar el acceso a una vivienda digna. Los organizadores también denunciaron lo que consideran una falta de acción por parte de los gobiernos estatal, autonómico y local respecto a este asunto crítico. Se teme que al expirar el Escudo Social el próximo 31 de diciembre, unas 60,000 familias en toda España, incluyendo 5,000 en la Comunitat Valenciana y cerca de 900 en València, enfrenten el riesgo de desalojo a partir del 1 de enero de 2026.

Pablo Ramos, portavoz de Juntes per l'Habitatge, manifestó su preocupación durante la marcha que comenzó en la Plaza de San Agustín y finalizó en la Plaza de la Virgen. Con el lema "Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!", los participantes hicieron sentir su voz con numerosas consignas abogando por un cambio inmediato en la política de vivienda.

La protesta fue convocada por varias organizaciones, incluidas València no està en venda y Acord Social Valencià, y se hicieron escuchar frases como "Ni casa sin gente ni gente sin casa" y "Basta ya, ningún desahucio más". Los manifestantes enfatizaron la gravedad de la crisis habitacional al señalar que muchas familias ni siquiera pueden permitirse un hogar.

Ramos criticó la creciente dificultad para acceder a la vivienda en València, señalando que los precios son "impagables e inasumibles". Según él, la culminación del Escudo Social podría acarrear una crisis social mayor, subrayando la urgencia de un diálogo con las administraciones que, hasta la fecha, ha sido infructuoso.

A pesar de que se han celebrado múltiples reuniones con el gobierno autonómico y se ha solicitado la colaboración del consistorio, Ramos enfatizó la falta de respuesta efectiva a sus demandas. "Continuaremos en las calles hasta que se implementen medidas concretas", afirmó, reiterando que las organizaciones involucradas persiguen solo el derecho a una vivienda adecuada para todos.

El portavoz destacó que el problema de la vivienda es una cuestión nacional, que persiste independientemente de quienes estén en el poder. Lamentó que este tema no reciba la atención que merece, siendo relegado a un segundo plano en las agendas políticas.

Ramos añadió que las manifestaciones continuarán hasta lograr un acercamiento real entre las partes. Instó a los responsables a trabajar de manera coordinada, señalando que este esfuerzo ha sido prácticamente inexistente hasta ahora.

Al final de la protesta, se presentó un manifiesto que denunciaba la "gravísima" situación del acceso a la vivienda, exigiendo responsabilidades a las diferentes administraciones y una estrategia de acción concreta que implique a los movimientos sociales y vecinales. Se insistió en la necesidad de extender y mejorar el Escudo Social antes de su inminente finalización.

Los manifestantes calificaron de "dramática" la situación actual, resaltando que los desahucios continúan y que el incremento de los precios del alquiler los convierte en un hecho cada vez más cotidiano. Denunciaron que se está priorizando la especulación inmobiliaria sobre las necesidades habitacionales reales de la ciudadanía.

Reiteraron que la vivienda debe ser considerada un derecho social ineludible, no un privilegio reservado para unos pocos. Este derecho es esencial para garantizar que cada individuo en la comunidad tenga acceso a una vida digna, a la educación y a un empleo estable.

La Generalitat, por su parte, ha defendido que se está avanzando en políticas integrales para abordar la crisis de vivienda. Argumentan que el problema es principalmente de falta de oferta, señalando la inacción del Gobierno de España en los últimos años como un factor clave en la escasez de viviendas asequibles.

Desde el Consell, han anunciado medidas para activar suelo disponible, promover alquileres asequibles y apoyar a los jóvenes en su acceso a la vivienda. Además, destacan que han logrado impulsar más de 4,400 viviendas de protección pública en los últimos dos años.

El Ejecutivo también ha presentado un plan contra la ocupación ilegal, que se centra en prevención, intervención inmediata y protección de las víctimas, buscando así abordar de forma integral la problemática habitacional que afecta a la región.