El personal de los centros de gestión integral ha alzado la voz en defensa de sus derechos laborales, denunciando que la continua fuga de profesionales hacia otras industrias está deteriorando la calidad de la atención que reciben los usuarios. Esta situación ha sido puesta de manifiesto en una reciente concentración celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat.

El evento, organizado por los sindicatos CCOO y UGT, tuvo lugar el pasado martes y reunió a trabajadores de centros para personas dependientes, como residencias de mayores y servicios de ayuda a domicilio. Los manifestantes exigieron al Consell que cumpla con la homologación salarial acordada en 2022 y que proceda a licitar los contratos de estos servicios, donde actualmente laboran alrededor de 4.000 personas en condiciones que consideran "precarias".

Los participantes en la protesta no dudaron en hacer sentir su descontento, coreando consignas tales como "Susana Camarero, ¿dónde está mi dinero?", una referencia directa a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales. También levantaron pancartas que hacían alusión a la situación que atraviesan tanto los mayores como los trabajadores, con mensajes como "queremos vivir y no sobrevivir" y "mayores olvidados, trabajadores mal pagados". Para enfatizar su mensaje, algunos manifestantes incluso portaron lápidas con los nombres de centros cuyos contratos han caducado, señalando que "la Conselleria nos olvida".

José Marchante, representante del ámbito sociosanitario y dependencia de UGT PV, expuso que en noviembre de 2022 los sindicatos habían firmado acuerdos con el Consell, que preveían la aplicación de tablas salariales B. Estos acuerdos estaban destinados a entrar en vigor con los nuevos contratos de los centros, que se esperaba se formalizaran en el primer semestre de 2023, buscando así equiparar los salarios de estos trabajadores con los de aquellos gestionados directamente por la Generalitat.

Sin embargo, Marchante criticó que el nuevo gobierno apenas ha avanzado en este tema, "retrasando" las licitaciones y utilizando excusas como el decreto de tipología y el pago a proveedores. Esto ha llevado a que actualmente haya unos 33 contratos caducados que abarcan servicios desde centros de día hasta centros de mayores y de atención a la mujer. Según él, hasta que no se formalice un nuevo contrato, la tabla B no podrá implementarse.

El impacto de esta situación es contundente; Marchante denunció que se está produciendo una "considerable pérdida de poder adquisitivo", afirmando que hay trabajadores que enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes. Esta crítica fue respaldada por Ana Sánchez, responsable de sectores privados de Comisiones Obreras, quien subrayó la urgencia de que se lancen las licitaciones de los centros, indicando que todos ellos están en prórroga y en una situación de espera perjudicial.

Sánchez también advirtió que la carencia de un incremento salarial está llevando a muchos profesionales a buscar mejores oportunidades en otros sectores, lo que repercute negativamente en la calidad del servicio asistencial. Por si fuera poco, lamentó que el diálogo con la Conselleria sobre estos asuntos ha sido “escaso”, y a pesar de haber mantenido algunas reuniones, las respuestas han sido insatisfactorias y evasivas.

En relación a la Ley de Simplificación Administrativa, los sindicatos han expresado su oposición, argumentando que dicha normativa no solo empeora las condiciones laborales del personal, sino que también afecta a los usuarios al permitir un aumento en la atención a más personas con menos personal disponible. Marchante corroboró esta perspectiva, señalando que la ley básicamente reduce los ratios de atención, lo que podría resultar en un mayor número de usuarios por menos trabajadores.

La crítica a esta ley incluye también una preocupación por un posible retroceso hacia un modelo de gestión similar al de los años 90, donde el sector privado podría empezar a tomar el control de estos servicios, además de la preocupación por que el enfoque de gestión directa por parte de la administración se vea limitado. Marchante concluyó que el camino que se está trazando permite que el sector privado gane terreno en la gestión de estos centros, lo que podría implicar una regresión en los estándares de atención y calidad del servicio.