El Partido Popular (PP) sostiene que los nuevos vídeos relacionados con la gestión de la emergencia del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana respaldan la versión presentada por la exconsellera Salomé Pradas y por el gobierno regional, mientras que Vox ha decidido no emitir juicio sobre estas grabaciones.

La respuesta de PSPV y Compromís ha sido contundente, al afirmar que las imágenes del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) demuestran que Salomé Pradas era plenamente consciente de la situación crítica en el barranco del Poyo a mediodía. Acusan al Consell de haber mentido y ocultado información valiosa, lo que consideran un intento de obstruir el trabajo de la justicia.

Tras una junta de síndics, el portavoz del PSPV, José Muñoz, manifestó que las grabaciones confirman su sospecha de encubrimiento y negligencia por parte del actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Crítico de la respuesta del Consell acerca de la falta de imágenes del Cecopi, Muñoz anunció acciones legales contra Valderrama por posible falsedad documental, argumentando que se ha demostrado una clara obstrucción a la investigación judicial.

Muñoz enfatizó que las nuevas grabaciones evidencian que Pradas, desde temprano, estaba al tanto de los eventos que se desarrollaban en el barranco. Reiteró su convicción de que no se puede negar esta realidad, lo que agrega presión sobre la transparencia del gobierno en esta situación crítica.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también mostró preocupación al afirmar que cada día surgen más evidencias sobre la mala gestión del Consell, sugiriendo que el gobierno ha estado desinformando tanto a la justicia como a la ciudadanía. Subrayó que los vídeos confirman que las autoridades tenían conocimiento del peligro y fallaron en tomar las acciones necesarias.

Baldoví remarcó que las anotaciones de Pradas dejan claro que, alrededor de las 12:30, ya se era consciente del riesgo, a pesar de que se decidió retirar unidades de bomberos de las zonas de peligro, lo cual podría complicar aún más la situación legal para los responsables del gobierno.

La reacción del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue criticada por Baldoví, quien consideró que sus argumentos son cada vez más insostenibles y que han perdido credibilidad ante la opinión pública.

Desde el PP, Laura Chulià se posicionó en defensa de las grabaciones, sugiriendo que corroboran la línea argumental de Pradas y el gobierno, y alega que siempre hubo esfuerzos por gestionar la situación de manera adecuada. Sin embargo, reconoce que en los momentos más críticos no se dispuso de la información necesaria, contradiciendo la versión presentada hasta ahora.

Chulià continuó defendiendo que, a pesar de las acusaciones, no hubo comunicación sobre el peligro del caudal en el barranco hasta más tarde en la tarde. Insiste en que el foco debería estar en la falta de infraestructuras necesarias para prevenir este tipo de desastres y en la urgentísima necesidad de obras de prevención.

En respuesta a las denuncias de PSPV y Compromís sobre la supuesta ocultación de documentos por parte del Consell, Chulià instó a esos partidos a exigir responsabilidades sobre el mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica de la región.

Por otro lado, el síndic de Vox, José Mª Llanos, se abstuvo de hacer declaraciones sobre el contenido de los nuevos videos y afirmó que su grupo esperará a las conclusiones de la comisión de investigación, manteniendo una postura cautelosa mientras el procedimiento judicial se lleva a cabo. Este enfoque contrasta con el ambiente de acusaciones que rodea al gobierno regional, y Llanos destacó que su partido busca la transparencia en el proceso, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso.