VALÈNCIA, 24 de diciembre. En un giro inesperado de acontecimientos, Joan Ribó, exalcalde de València y actual integrante de Compromís, se presentó este miércoles por la mañana en el Juzgado de Instrucción número 19 de la ciudad. Su comparecencia se produce en el marco de una investigación relacionada con la construcción de una piscina en la localidad vecina de Alboraia, de la que asegura no tener conocimiento alguno como alcalde.

El exalcalde fue convocado para declarar en calidad de investigado en un caso que se origina por la edificación de esta infraestructura deportiva en un terreno propiedad del municipio de Alboraia, que aunque está adyacente a València, forma parte de su propio término municipal.

Antes de su entrada al juzgado, Ribó afirmó ante los medios que no tenía información sobre este asunto, enfatizando que “como alcalde, desconocía completamente esta situación” y señalando que el tema no fue discutido durante su mandato en el Ayuntamiento. “Nunca se abordó ni en la Junta de Gobierno ni en charlas con los responsables del área”, precisó el exedil.

El exalcalde añadió que, tras investigar un poco más sobre el tema, ha descubierto que la construcción de esta piscina ha estado en discusión desde 1992, durante la alcaldía de Rita Barberá. Ribó manifestó que la decisión de construir la piscina fue solicitada por la comunidad de Alboraia, considerándolo una propuesta lógica, dado que allí se encuentra todo el polideportivo. Sin embargo, se mostró desconcertado sobre por qué no se materializó la iniciativa.

“No tengo claro por qué no se avanzó en esto. La parcela sigue siendo del Ayuntamiento de València”, indicó Ribó, quien además aseguró no estar al tanto de la ubicación de la piscina en cuestión, reiterando que nunca había visitado el lugar y que desconocía de su existencia.

Cuando se le preguntó sobre la naturaleza del suelo donde se sitúa la piscina, Ribó mencionó que “en València parece ser no urbanizable” y que “en Alboraia es urbanizable”, lo que plantea un dilema administrativo de cierta complejidad.

La investigación ahora se centra en determinar si existieron irregularidades en la concesión de las licencias de construcción y ambientales, así como la clasificación del terreno donde se levantó la piscina. Los denunciantes han apuntado que algunos concejales de Alboraia podrían haber incurrido en un delito contra la ordenación del territorio, y existiendo alegaciones de que el anterior equipo de gobierno de València no tomó medidas para restaurar la legalidad ni sancionar el proyecto.