• martes 28 de marzo del 2023

Rus, "muy relajado", reitera que su inocencia en la situacion de los 'zombies': "Ya tengo ganas de charlar"

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VALÈNCIA, 23 Ene.

El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus aseguró que está "muy relajado" frente al juicio al que se encara por la parte de los 'zombies' del caso Imelsa y ha insistido en su inocencia: "Ya tengo ganas de charlar. Llevó siete años aguardando", dijo.

Rus se pronounció de esta manera a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, donde este lunes se va a sentar en el banquillo de los acusados por las piezas B y F de Imelsa, conocidas como las de los 'zombies'. La vista se alargará unos un par de meses.

El expresidente de la Diputación se ha acercado a los juzgados sobre las 9.15 horas y, a cuestiones de los medios que le aguardaban en la puerta, ha asegurado estar "muy relajado": "Estoy muy relajado. Ya tenía ganas yo, siete años..."

Rus, interpelado por si acaso se considera inocente de los hechos que se le atribuyen y por los que se encara a una lástima de 12 años de prisión --así como le demanda el ministerio fiscal--, ha respondido: "Siempre y en todo momento, siempre y en todo momento". "Ya tengo ganas al menos de charlar, pues mis abogados no me dejan. Hoy debía declarar pero no sé de qué manera va. Tengo que estar un par de meses aquí y me vais a ver todos y cada uno de los días", ha añadido.

Rus encarará este juicio al lado de otros 25 acusados, entre ellos, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex- secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, ya que en el mes de mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la compañía pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero', como primordial acusado. Se está esperando de la sentencia.

En las piezas que se marchan a evaluar en este momento, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las compañías públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se encara a una lástima de 12 años de prisión y Rubio --asimismo investigado en el popular como caso Azud-- a oros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.

Fiscalía asigna a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en archivo oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en archivo oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.

Para el ex- secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, demanda exactamente la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, aparte de multa y también inhabilitación.

A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la coyuntura atenuante de arrepentimiento y pide para él nueve años y medio de prisión; al tiempo que la entonces directiva de Recursos Humanos y el directivo financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se combaten a otros seis años de prisión.

En el escrito de calificación provisional del fiscal se detalla de qué manera funcionaba la supuesta organización delictiva y advierte de que Rus, una vez alcanzado el propósito de ser presidente de la Diputación, empezó a ordenar Imelsa "para sus fines y los de sus compinches, tanto de partido, como personales".

Así, nombró a Benavent como gerente de la compañía pública, que había sido concejal de Xàtiva a lo largo de su orden --fue alcalde de la ciudad--. Ambos fueron investigados por haber efectuado operaciones de recaudación de dinero ajeno de cauces legales amañando adjudicaciones de contratos públicos.

Rus asimismo "puso" a su "amigo" Llopis como su jefe de gabinete quien, en unión de Caturla, conformaron un convenio de voluntades para hallar sus propósitos delictivos ajeno de cualquier principio de administración pública que debía comandar su actuación, "configurándose Rus como el jefe y cabecilla de la organización, ya que estas personas ahora venían actuando como un conjunto ordenado con el propósito de servirse de los puestos públicos que ostentaban y repartirse las ventajas conseguidos, siendo Rus el que daba beneplácito de sus actuaciones en los diferentes organismos públicos en los que habían intervenido".

Como consecuencia de esta organización y "con clara finalidad de clientelismo político y personal", usaron Imelsa para repartir favores, "usaron los fondos públicos de exactamente la misma en contrataciones de personas que no respondían a un auténtico ejercicio de funcionalidades en la sociedad, distribuyendo el dinero público de manera gratuita con el perjuicio que ello piensa para las arcas públicas".

Para hallar esta finalidad, añade el fiscal, cooperaron asimismo Escrihuela y Monblanch, los que, "entendidos de esta situación de abuso y también instrumentalización de una compañía pública", asistieron "de manera eficaz" a la consecución de los propósitos delictivos de la organización criminal construída, "consiguiendo un beneficio económico ilícito al cargo de los fondos públicos".

Las personas contratadas bajo las órdenes de los acusados sabían que no iban a efectuar ningún trabajo en Imelsa y que su contratación respondía a distintas intereses personales, expertos o de partido de Rus, Benavent y Llopis.

En Ciegsa ocurría algo afín. Según el fiscal, en esta segunda compañía pública había un "absoluto descontrol" y un "acuerdo de voluntades para conseguir dinero y prestar favores políticos de cualquier clase". Se valían asimismo de Benavent, persona enlazada a Rus, quien lo puso de mediador recaudador para realizar efectivos su ideación criminal de servirse de la compañía pública donde estaba Caturla.

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