El exitoso golfista Sergio García ha comparecido hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón como investigado en una causa por delitos societarios. García, quien se enfrenta a acusaciones relacionadas con la adquisición de terrenos de la sociedad Golf del Mediterráneo SA por parte de la empresa Golf Borriol SL, ha expresado su confianza en el archivo del caso y ha afirmado estar "tranquilo" porque no tiene "nada que ocultar".

En declaraciones a los medios a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Castellón, García ha destacado que ha dado su versión completa a la jueza y ha dejado en sus manos la toma de decisiones. Al ser preguntado sobre si cree que la causa será archivada y no se celebrará juicio, el golfista ha señalado que no puede anticipar lo que sucederá, pero tiene esperanzas en que se produzca el archivo.

Sergio García, junto a su padre y al ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, se encuentra bajo investigación en este caso. Tanto García como Fabra ya comparecieron ante el juez el pasado 19 de octubre, después de que la declaración se suspendiera en dos ocasiones anteriores.

El Juzgado ya había acordado anteriormente recibir nuevas declaraciones de los investigados, pero estos presentaron recursos en contra, los cuales fueron confirmados por la Audiencia Provincial, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La reapertura de esta causa, que surgió a raíz de la denuncia de dos socios de la empresa Golf Mediterráneo SL contra nueve miembros del Consejo de Administración de dicha compañía, incluyendo al ex mandatario del PP, se produjo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló. Los denunciantes alegan posibles delitos societarios relacionados con un acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración de la empresa, el cual habría permitido a Golf Borriol SL, compañía perteneciente a la familia del golfista, adquirir terrenos del campo de golf de Borriol por un valor de 425.000 euros, cuando los denunciantes sostenían que su valor real era de 9,6 millones de euros.

En mayo de 2017, el juzgado acordó el archivo provisional de la investigación, una decisión que fue confirmada por la sección primera de la Audiencia Provincial en noviembre de 2017, al considerar que no existían pruebas suficientes de la comisión de los delitos denunciados.

Sin embargo, la Fiscalía solicitó la reapertura de las diligencias después de que se incorporara a la causa un informe policial relacionado con el patrimonio de Carlos Fabra. En noviembre de 2020, el juez decidió reabrir el caso y llevar a cabo las investigaciones solicitadas por la Policía en su informe.