ALICANTE, 5 de diciembre.

El defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha puesto fin a su análisis sobre las serias demoras en el proceso de valoración de la discapacidad. Aseguró que la Conselleria de Servicios Sociales se ha comprometido a implementar algunas de las recomendaciones sugeridas para resolver esta problemática, la cual incluye la necesidad de reforzar temporalmente el equipo humano y acelerar los trámites para disminuir el considerable "atasco" entre las valoraciones, que actualmente afecta a 61.000 expedientes pendientes.

Según se informa en un comunicado emitido por la Sindicatura de Greuges, obtener una valoración oficial del grado de discapacidad es crucial para acceder a ayudas y derechos sociales. No obstante, en la Comunitat Valenciana, miles de ciudadanos llevan más de un año en espera para que se revisen sus solicitudes.

Este prolongado retraso ha provocando un considerable descontento social y un notable aumento en las quejas ciudadanas desde 2024. El síndic propuso un total de nueve recomendaciones a la Conselleria, subrayando la "urgente" necesidad de aumentar los recursos humanos, establecer más equipos de valoración, acelerar la implementación de un nuevo software de gestión y mejorar la comunicación sobre los plazos de resolución con los solicitantes.

La Conselleria ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque no ha especificado fechas concretas para su cumplimiento. La administración regional se ha comprometido a incorporar de manera temporal a 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante. También se prevé la aprobación de una nueva normativa para regular el procedimiento y una mejora en la colaboración con organizaciones del sector para optimizar la atención y asesoría a individuos con discapacidad.

La administración espera que estas medidas contribuyan a la disminución de los más de 61.000 expedientes pendientes en la Comunitat. Esta cifra evidencia la gravedad de la situación y resalta la urgencia de implementar soluciones efectivas.

Sin embargo, se ha desestimado la recomendación de proporcionar información individualizada a cada solicitante sobre los plazos estimados para resolver sus expedientes, argumentando que esto generaría una carga administrativa adicional no contemplada en la legislación actual, tal como indicó el Síndic.

Además, la Conselleria ha decidido no constituir más equipos de valoración a nivel de los departamentos sociales ni emitir resoluciones provisionales para aquellos que esperan revisión, acciones que el síndic considera "razonables" y "necesarias" para garantizar una administración eficiente y mitigar la "incertidumbre" de los solicitantes.

Ángel Luna enfatizó que el tiempo de espera promedio para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. También anunció que realizará un seguimiento continuo sobre la implementación de las medidas que han sido aceptadas.