UCO acusa a Corbín de recibir "sobornos" por contrato del Ayuntamiento de València del Plan E.
Valencia, 7 de julio.
La Unidad Central Operativa (UCO) ve indicios de que el despacho del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y quien está siendo investigado en el caso Azud, pudo haber cobrado "comisiones ilícitas" por contratos públicos adjudicados por el Ayuntamiento de Valencia, incluyendo varios en el marco del Plan para el Estímulo de la Economía y Empleo, también conocido como Plan E.
Según los nuevos datos remitidos al Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, en el que se investigan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal, se desprende que el despacho de Corbín Abogados recibió pagos de diferentes adjudicatarias de contratos públicos del Ayuntamiento de Valencia que se presumían ser de naturaleza ilícita.
Una de estas empresas es el Grupo Ocide, un holding empresarial vinculado principalmente al ámbito de la construcción, según explican los investigadores en el informe. Existe una sociedad que actúa como matriz del holding, llamada Cinal Inversiones, y participa directa o indirectamente a través de terceros en el resto de las empresas del grupo.
En el informe se detallan los pagos realizados al despacho de Corbín por cuatro de estas empresas: Ingsoma Dos, Velabur, Cinal Inversiones y Servicios Integrales del Territorio, por un total de 202.600 euros entre 2009 y 2013.
La UCO sostiene que los pagos recibidos por Corbín Abogados corresponden a comisiones ilícitas y que el marco contractual y de facturación utilizado para estos pagos es ficticio, con el único propósito de dar apariencia de legalidad a las transacciones económicas.
El informe detalla facturas y revela sospechas de que los pagos efectuados a Corbín Abogados son la contraprestación por la adjudicación de contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Valencia bajo la alcaldía de Rita Barberá.
Entre las irregularidades detectadas, destaca que una de las cuantías abonadas a Corbín Abogados se calcula como un 3% de un monto económico referido como 'CONTRATO'. Además, se señala la falta de trabajos o prestación de servicios por parte del despacho de Corbín, lo que refuerza la presunción de naturaleza ilícita en los pagos.
La UCO también destaca las relaciones del abogado con el Grupo Ocide, especialmente a nivel directivo, sin encontrar relaciones con personal vinculado al ámbito jurídico de la empresa o de gestión.
El informe también proporciona registros contables que se describen como 'Asesoramiento jurídico Plan E', en referencia a un programa de inversiones implementado por el gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica.
En la información proporcionada por el Ayuntamiento se encuentran nueve contratos adjudicados a Ocide Construcción por un total de más de 9 millones de euros entre el 23 de marzo y el 8 de abril de 2009, en el marco del Plan E. La UCO destaca la relevancia de estas fechas, ya que el primer pago realizado por el Grupo Ocide a Corbín Abogados tuvo lugar el 24 de abril de 2009, inmediatamente después de estas adjudicaciones.
En busca de nuevas pruebas, los investigadores solicitan al Ayuntamiento de Valencia que entregue de inmediato los expedientes de contratación completos relacionados con los contratos públicos adjudicados por el consistorio a Ocide Construcción en el marco del Plan E.