VALÈNCIA, 23 de diciembre. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha declarado que no habrá un incremento en las tarifas de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) tras la reciente decisión de no aprobar una zona de bajas emisiones (ZBE) en València. Catalá aseguró que el Ayuntamiento se encargará de financiar la parte de las ayudas del Gobierno nacional que no se pueda cubrir debido a esta falta de aprobación, siempre que las condiciones del decreto anunciado por el Ejecutivo se mantengan.

La alcaldesa realizó estas afirmaciones durante una visita a las obras en las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós. Su declaración coincide con la expectativa de que el Consejo de Ministros apruebe en breve la extensión de los descuentos en el transporte, justo un día después de que el pleno de diciembre evidenciara la falta de consenso para implementar la ZBE, un requisito del Gobierno central. La moción urgente presentada por los grupos Compromís y PSPV-PSOE no logró los apoyos necesarios.

Sobre el futuro de las tarifas de la EMT, Catalá mencionó que la Junta de Gobierno local también se celebra este martes, y reafirmó que, si el Gobierno nacional cumple con sus compromisos y publica el decreto en los términos anunciados, el Ayuntamiento se hará cargo de los costes de transporte que no cuenten con financiación por la no implementación de la ZBE. Esto supondría una presión adicional de 14 millones de euros para las arcas municipales.

La alcaldesa subrayó que esta medida permitirá mantener descuentos en las tarifas para ciertos colectivos: 100% para el tramo infantil, 50% para jóvenes y un 40% en el resto de los títulos, asegurando que los ciudadanos de València no enfrentarán un aumento en el costo del transporte.

María José Catalá también se refirió a un informe por parte de la Sindicatura de Comptes, que evalúa las implicaciones de no aprobar la ZBE. La alcaldesa sostuvo que se ha exagerado al hablar de pérdidas de 150 millones de euros, afirmando que el verdadero impacto estimado es mucho menor, con cifras cercanas a los 13 millones. Según aseguró, el Ayuntamiento cuenta con argumentos sólidos para impugnar tales afirmaciones.

Además, insistió en que el Ayuntamiento asumirá los costes de la parte no financiada del transporte público, para que ningún vecino de València deba enfrentar un aumento en las tarifas. En respuesta a preguntas sobre posibles dimisiones dentro del gobierno municipal a raíz de la no aprobación de la ZBE, Catalá indicó que debería ser una cuestión dirigida a aquellos que votaron en contra, como Vox, PSPV y Compromís.

La alcaldesa defendió que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo considerable en las negociaciones para la ZBE, con hasta tres versiones diferentes de la ordenanza. Indicó que su partido ha actuado de manera responsable al votar a favor de la propuesta, y que ahora son otros quienes deben asumir la responsabilidad por no facilitar la creación de la ZBE.

En relación a la situación actual, Catalá afirmó que el PP ha intentado hasta el último momento negociar con todas las partes, frente a una negativa desde Vox, y la falta de voluntad de acercamiento por parte de Compromís y el Partido Socialista. También aclaró que la moción presentada por la oposición no es lo mismo que una ordenanza, y que, de haberse aprobado, no se habría concretado una ordenanza antes de fin de año. Resaltó que la única forma real de implementar una ordenanza era mediante la versión que su partido había tramitado.