VALÈNCIA, 8 de enero.

El más reciente informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València ha revelado que la ciudad se enfrenta a una emergencia habitacional estructural grave.

Este problema, más que fruto de una crisis repentina, es el resultado de más de diez años caracterizados por decisiones equivocadas, una inacción persistente y, especialmente, por el predominio de discursos políticos que se alejan de los hechos reales, así lo señala un comunicado emitido por la UPV.

Desde el último trimestre de 2025, el precio medio de la vivienda nueva ha alcanzado y superado los 4.000 euros por metro cuadrado, con una alarmante oferta de apenas 137 nuevas viviendas en toda la ciudad. Esta compleja situación ha sido calificada como un "punto de no retorno". "Cuando una urbe no puede proporcionar vivienda a sus ciudadanos, el dilema trasciende el ámbito económico y se convierte en un asunto social", comenta Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra.

A lo largo de los últimos siete años, especialmente desde 2019, los datos han sido claros y accesibles, evidenciando un aumento constante de los precios y una reducción de la vivienda protegida. "No estamos ante una crisis inesperada", dice Cos-Gayón, "sino ante los efectos de haber ignorado un diagnóstico conocido durante años".

La Cátedra subraya que uno de los problemas más perjudiciales en esta década ha sido la creación de un relato político desvinculado del conocimiento técnico, que se traduce en promesas vacías y medidas que carecen de sustento real. "Este tipo de narrativas generan una falsa sensación de acción pero no contribuyen a construir nuevas viviendas", advierte el director del Observatorio.

En lo que respecta al mercado del alquiler, esta situación se ha vuelto emblemática. La negativa a brindar una protección efectiva a los propietarios ante la okupación e inseguridad jurídica ha conducido a un éxodo de viviendas del mercado tradicional, lo que, según la Cátedra, ha desembocado en una extremada escasez y un aumento desproporcionado de los precios.

"El resultado no es un mayor acceso, sino una falta alarmante de vivienda, precios en constante ascenso y una expulsión rápida de los hogares más vulnerables. Legislar ante el temor del propietario no beneficia al inquilino; al contrario, lo saca del sistema", agregó Cos-Gayón.

La referida Cátedra concluye que el alquiler en València es un sector "frágil y exclusivo", no por la alta demanda, sino por la "destrucción intencionada" de la oferta. "El colapso del alquiler no es un efecto colateral, sino la consecuencia directa de políticas que han confundido la moral con la efectividad".

Este problema no solo afecta a grupos sociales vulnerables, sino que ha propiciado una fractura generacional que expulsa a jóvenes trabajadores y a familias de clase media. Cada año que pasa sin una acción efectiva no solo agrava la situación, sino que "encarece de forma irreversible su solución".

Además, el rápido crecimiento demográfico ha llegado sin que las políticas de vivienda y el parque residencial estén preparados para afrontarlo. Se trata de un asunto que trasciende la ideología: a medida que la población aumenta y no se construyen viviendas al mismo ritmo, la presión siempre recae sobre los más necesitados.

Recientemente, la Cátedra ha mencionado que solo han surgido escasos "brotes verdes", como el Plan VIVE, el cual representa una oportunidad positiva. Este proyecto espera dar inicio, en 2026, a una nueva generación de Vivienda de Protección Pública mediante una colaboración entre el sector público y privado.

No obstante, el director advirtió que estas viviendas no estarán disponibles en un plazo menor a dos años. "El Plan VIVE es fundamental y va en la dirección adecuada", asegura Cos-Gayón, "pero no debe ser una excusa para ignorar la emergencia habitacional actual y seguir postergando decisiones necesarias".

"Es imperativo dejar de lado la retórica y regresar a los hechos. Se requiere movilizar suelo, generar vivienda asequible de forma constante, brindar protección legal al propietario para reintegrar vivienda al mercado de alquiler, y revisar un sistema fiscal que representa cerca del 31% del precio final de una casa. Todo lo demás son distracciones. No más divisiones estériles; es necesaria una estrategia nacional, un pacto de Estado que garantice el acceso a la vivienda", concluyó Cos-Gayón.

Finalmente, hizo hincapié en que "ignorar la data durante una década ha sido la raíz del problema. València no ha llegado a esta situación por azar, sino por confundir política de vivienda con mera política comunicativa".