VALÈNCIA, 13 de noviembre.

La Conselleria de Justicia e Interior, bajo la dirección de la consellera Salomé Pradas, ha tomado la decisión de implementar un conjunto de restricciones significativas que afectan a un total de 163 municipios de la provincia de Valencia. Esta orden establece la suspensión de actividades educativas y deportivas, así como el cierre de centros de día. Además, se introducen restricciones en el uso de vehículos de transporte privado, permitiendo excepciones únicamente para los servicios esenciales.

Las medidas han sido catalogadas como "temporales y excepcionales", y su vigencia se extiende desde las 22:00 horas del miércoles 13 de noviembre hasta las 23:59 horas del jueves 14 de noviembre. Esta acción se justifica ante la alerta roja por lluvias que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral valenciano, donde se anticipan precipitaciones acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en un lapso de 12 horas.

El objetivo primordial de estas acciones es "garantizar la seguridad de las personas" en un contexto en el que el clima adverso puede poner en riesgo a la población. Esta medida se ha implementado tras las alarmas generadas por la Aemet, que prevé un deterioro significativo del tiempo en la región.

La orden expresa de la Conselleria de Justicia no solo aborda la suspensión de actividades educativas y deportivas, sino que también establece restricciones severas al movimiento en vehículos privados. Sin embargo, se permiten excepciones para aquellos vehículos que estén en servicio esencial, así como para las empresas encargadas de asegurar el suministro de servicios básicos como agua, electricidad, comunicaciones y distribución de alimentos.

Asimismo, se permitirán desplazamientos autorizados en situaciones de "urgencia debidamente justificada", como la asistencia a centros de salud, el regreso a hogares familiares, el cuidado de personas vulnerables y situaciones de fuerza mayor o necesidad urgente, siempre que se acredite la necesidad del viaje.

La lista de municipios afectados por esta orden incluye localidades significativas como Alaquàs, Albal, Burjassot, y Paterna, entre otros. En total, se menciona una extensa lista que abarca casi toda la provincia, pasando por ciudades grandes y pequeñas en diferentes áreas del territorio.

Además, la resolución contempla localidades desde El Puig de Santa María hasta Gandía, afectando a una vasta área que incluye tanto centros urbanos como áreas más rurales, lo que evidencia la amplitud de la situación de alerta en la región.

El anuncio de estas medidas se realiza en un momento crítico, dado que la Comunitat Valenciana ha experimentado serios fenómenos meteorológicos desde el 29 de octubre de 2024. Las alertas emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias han sido la respuesta a un clima adverso prolongado, lo que ha llevado a la implementación de acciones que buscan preservar la seguridad pública.

Para justificar estas limitaciones, se señala que la medida es proporcional y necesaria, como la opción menos lesiva para los derechos de las personas afectadas y que su duración será breve, lo que posibilitaría una rápida vuelta a la normalidad una vez que la situación sea controlada.

Por último, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha compartido esta resolución en su cuenta en redes sociales, reafirmando así el compromiso del gobierno regional con la seguridad de la ciudadanía y la eficacia en la gestión de emergencias durante este temporal que afecta a la Comunidad Valenciana.