En la ciudad de Valencia, el partido Vox ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley destinado a optimizar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), buscando establecer cláusulas que resalten la importancia del aprendizaje de la lengua, la alfabetización y la participación en la vida cultural y social acorde a las costumbres españolas. La propuesta también aborda el compromiso de renunciar a cualquier conducta que pueda comprometer la dignidad y la integridad de menores y mujeres, además de catalogar la ocupación ilegal de viviendas como una infracción "muy grave".

Específicamente, la formación que lidera Santiago Abascal busca introducir modificaciones en el artículo 17, añadiendo la necesidad de un itinerario dentro del Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) que se enfoque en el aprendizaje del idioma y la integración cultural, así como en facilitar el acceso al mercado laboral y renunciar a prácticas lesivas para la infancia y las mujeres.

Asimismo, Vox sugiere que si el estado de la solicitud de reconocimiento de la prestación de la renta no es resuelto dentro de un lapso de cinco meses, se considere desestimada dicha solicitud por silencio administrativo.

Otra de las modificaciones propuestas se refiere a las exigencias para los solicitantes jóvenes, eliminando la obligatoriedad para aquellos de entre 23 y 30 años de demostrar al menos dos años de vida independiente antes de solicitar la RVI. Se plantea una excepción para las víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar que deban abandonar su hogar, ya sea por parte de la víctima o del agresor, y que puedan estar acompañadas de familiares cercanos.

Además, Vox sostiene que no se imponga este requisito a individuos que presenten situaciones de vulnerabilidad que estén debidamente respaldadas por informes sociales elaborados por los servicios sociales, lo que mostraría un arraigo cultural y social en su municipio.

El partido también propone ajustar el artículo sobre las obligaciones de los receptores de la RVI para incluir la responsabilidad de garantizar la escolarización y asistencia de menores a los centros educativos.

En relación con las infracciones graves, se sugiere que se incluya la ocupación ilegal de viviendas, cuando sea confirmada por un fallo judicial, como una falta significativa por parte de los beneficiarios de la RVI. También se considera la inclusión de prácticas que vulneren principios de igualdad y convivan de manera denigrante hacia la infancia o las mujeres.

En términos de requisitos de residencia, Vox aboga por que cualquiera que esté empadronado en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana cumpla el requisito de residencia habitual si ha estado registrado durante al menos 12 meses continuos antes de la solicitud, o durante cinco de los últimos diez años. En situaciones excepcionales, se aceptaría como válida la acreditación de residencia efectiva mediante la obtención de la Tarjeta Sanitaria Individual o la inscripción como demandante de empleo.

La diputada de Vox, Miriam Turiel, ha defendido estas propuestas afirmando que la mejor política social es la que promueve el empleo digno y la autosuficiencia, indicando que se busca evitar la dependencia de las ayudas estatales. Turiel enfatiza su rechazo a cualquier forma de violencia y critica a la izquierda por utilizar estos temas como herramientas de propaganda.

Desde el Partido Popular, se han presentado enmiendas sugiriendo que una de las razones para extinguir la Renta Valenciana de Inclusión sea la situación de ocupación ilegal de vivienda, validada mediante sentencias firmes.

Por su parte, el PSPV ha manifestado que las enmiendas de Vox son una forma de pagar "la primera factura" al PP para asegurar el apoyo del partido de Abascal en su candidato a la presidencia de la Generalitat. Esta crítica se centra en el enfoque de Vox sobre el aprendizaje del idioma y el tratamiento de la violencia sobre la mujer.

Compromís ha denunciado lo que considera un acuerdo perjudicial entre PP y Vox, que refleja recortes y un enfoque negativo hacia las condiciones sociales. Según el parlamentario Francesc Roig, estas acciones son un intento de desviar la atención de la protección que Vox ha brindado a Mazón durante su tiempo en el cargo, llamando a un mayor protagonismo del pueblo valenciano en las decisiones políticas.