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Cultura 17 de Abril de 2026 · 10:23h 2 min de lectura

CACSA busca activar actividades musicales en la Ciudad de las Artes con nuevas medidas de control acústico

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de València ha presentado un incidente de ejecución tras la sentencia que ordena limitar los ruidos en la zona. La institución solicita que se permitan eventos musicales si se adoptan medidas adicionales para cumplir la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

Este paso llega después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de València dictase una sentencia que obliga al Ayuntamiento a tomar medidas para evitar que actividades en la zona vulneren derechos fundamentales de los vecinos, incluyendo la posible revocación de autorizaciones o reubicación de eventos.

La propuesta de CACSA consiste en reforzar las medidas existentes, exigiendo a los promotores presentar planes de actuación previos y garantizar que los medios técnicos utilizados cumplen con los niveles de ruido permitidos. Además, deberán aportar documentación previa y formalizar declaraciones responsables que acrediten el cumplimiento normativo durante la celebración de los eventos.

Desde la administración pública, la alcaldesa María José Catalá afirmó que no se permitirá ningún evento musical que supere los límites de ruido establecidos, remarcando que la Policía autonómica será responsable de los controles. La coordinación con la Policía Local también será clave para garantizar el cumplimiento de la sentencia y la normativa vigente.

Este conflicto refleja la tensión entre la actividad cultural y el derecho de los vecinos a disfrutar de un entorno libre de contaminación acústica. La postura de CACSA busca compatibilizar ambas facetas, en línea con el reconocimiento judicial de la Ciudad de las Artes como espacio de interés general y proyección exterior.

De cara al futuro, la resolución judicial y las medidas propuestas marcarán la pauta para la gestión de eventos en la zona. La colaboración entre instituciones y promotores será crucial para mantener la oferta cultural sin vulnerar los derechos vecinales, en un escenario que exige equilibrar interés público y legalidad.

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