Desmantelado un taller textil clandestino en Camp del Túria con explotación laboral y fraude fiscal

La Policía Nacional ha intervenido en un taller textil ilegal en una localidad de la comarca valenciana de Camp de Túria, deteniendo a dos individuos de 44 y 52 años, por explotar laboralmente a al menos 26 personas, muchas en situación irregular, y vulnerar derechos laborales básicos. Los trabajadores realizaban jornadas superiores a 60 horas semanales por unos 1.000 euros mensuales, sin contratos ni cotización a la Seguridad Social, en condiciones insalubres y en un entorno de clandestinidad.

Este operativo se enmarca en la mayor regulación del sector textil en la Comunitat Valenciana, en un contexto de creciente presión por parte de las instituciones para mejorar las condiciones laborales y fiscalizar la economía sumergida. La actividad clandestina en el sector ha sido objeto de debate, dado su impacto en la competencia y en los derechos de los trabajadores, en un momento en que las políticas públicas buscan reforzar la inspección y la lucha contra el fraude laboral y fiscal.

La investigación, iniciada tras una inspección conjunta en 2025, reveló que el taller operaba sin licencia, desarrollando una actividad económica encubierta mediante una empresa que facturaba a varias firmas del sector, en una estructura societaria aparentemente diseñada para dificultar su detección. La existencia de bienes a nombre de familiares del principal investigado y los elevados ingresos en pocos meses evidencian un entramado sofisticado de blanqueo y explotación.

El caso evidencia la persistencia de actividades ilegales en sectores clave de la economía valenciana, en un contexto donde la falta de inspección y la precarización laboral permiten prácticas abusivas. La respuesta institucional se ha centrado en reforzar los controles, en línea con las políticas de transparencia y protección social impulsadas por las administraciones públicas, que enfrentan retos para erradicar prácticas que afectan la economía formal y los derechos laborales.

Este incidente refleja los desafíos en la gestión de la economía sumergida en la Comunitat Valenciana, donde la coordinación entre diferentes administraciones y la mayor contundencia en las inspecciones son clave para reducir la competencia desleal y garantizar condiciones justas para los trabajadores y las empresas cumplidoras.