El Consell aprueba rebajas fiscales y refuerza controles en viviendas públicas
El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado un anteproyecto de ley que introduce importantes cambios en política fiscal y en la gestión de viviendas públicas. La ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 contempla rebajas en los tipos del IRPF en casi todos los tramos y un refuerzo en los controles para adjudicar viviendas de protección pública (VPP).
Este avance se produce en un contexto donde la Generalitat ha presentado un presupuesto para 2026 de 33.305 millones de euros, un incremento del 3,1 % respecto a 2025. La aprobación se enmarca además en el acuerdo político alcanzado con Vox, centrado en reducir impuestos, priorizar la vivienda y fortalecer la gestión territorial. La ley afecta principalmente a las rentas medias y bajas, beneficiando a unos 2,7 millones de contribuyentes y con un ahorro total estimado de 160 millones de euros.
Las modificaciones fiscales, que se aplicarán en la declaración del IRPF de 2026, buscan reducir la carga fiscal en rentas inferiores a 80.000 euros, manteniendo la progresividad del impuesto. Se prevé una reducción de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales en los tipos, sin cambios para rentas superiores a 80.000 euros. Además, se introducen medidas para facilitar la continuidad de empresas familiares mediante modificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.
En materia de vivienda, la ley refuerza los controles en la adjudicación de VPP, exigiendo mayor transparencia desde la fase inicial y estableciendo un mecanismo de supervisión colegiada. La normativa también introduce criterios de «arraigo» para promociones en suelo público, priorizando a quienes mantienen vínculos prolongados con el municipio, independientemente de su origen o nacionalidad. Este enfoque busca garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos y favorecer procesos de relevo generacional en las empresas familiares.
Este paquete de medidas responde a un escenario político donde la Generalitat busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con la atención a las necesidades sociales, especialmente en vivienda y protección social. La aprobación de estas leyes refleja también la intención de reforzar la gestión territorial y la transparencia en la asignación de recursos públicos, en un contexto de tensión política donde las alianzas y los acuerdos con diferentes partidos condicionan las decisiones legislativas.
De cara al futuro, se espera que estas reformas impulsen un modelo fiscal más justo y que mejoren la eficacia en la gestión de vivienda pública, en línea con las demandas sociales y territoriales. La puesta en marcha de estas medidas dependerá del respaldo final en Les Corts y de su implementación práctica, en un escenario donde la política valenciana continúa buscando un equilibrio entre estabilidad presupuestaria y equidad social.