El PSPV denuncia una reforma de la ley de Policía Local aprobada sin debate y con implicaciones profundas

El Gobierno valenciano ha impulsado una modificación significativa de la ley de Coordinación de las Policías Locales mediante una enmienda en la ley de presupuestos, sin seguir los cauces habituales de participación. La medida afecta a más de 10.000 policías en la Comunitat Valenciana y se ha realizado en un trámite exprés, sin convocar la Comisión de Coordinación ni consultar a los sindicatos.

Este cambio, promovido por el Partido Popular y respaldado por el Consell, modifica aspectos clave como el acceso, promoción, movilidad y estructura organizativa de los cuerpos policiales. La reforma también introduce nuevas condiciones en los procesos selectivos y en la carrera profesional, además de reducir la representación sindical en órganos de coordinación.

Desde el punto de vista político, la oposición —especialmente el PSPV— denuncia que la maniobra carece de transparencia y participación, y que responde a intereses del Ayuntamiento de València y del propio PP. La reforma, señalan, vulnera la normativa y los principios de negociación y consenso que deben regir en asuntos de tanta relevancia para la seguridad pública.

El contexto político en la Comunitat Valenciana está marcado por tensiones entre el Gobierno autonómico y los sindicatos, así como por la controversia sobre la gestión de recursos humanos en las instituciones públicas. La ausencia de la convocatoria de la Comisión de Coordinación desde octubre de 2022 evidencia la falta de diálogo y el intento de imponer cambios sin consenso.

De cara al futuro, la reforma planteada podría tener repercusiones en la organización y funcionamiento de las Policías Locales, generando incertidumbre sobre la estabilidad laboral y la calidad del servicio. La oposición advierte que estos cambios podrían abrir la puerta a una mayor centralización y politización de los cuerpos policiales en la región.

En un escenario más amplio, esta situación refleja la tendencia a modificar el marco legal de los servicios públicos de forma acelerada y sin participación, lo cual puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones y el respeto por el Estado de Derecho.