El TSJCV confirma la legalidad del decreto del Botànic que limita la instalación de salones de juego en la Comunitat Valenciana
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado cinco sentencias que rechazan los recursos presentados por varias empresas y asociaciones contra el decreto del Consell del Botànic de 2021, que establece restricciones a los salones de juego y locales de apuestas, incluyendo una distancia mínima de 850 metros respecto a centros educativos.
Este fallo se produce en un contexto político en el que la Generalitat ha buscado fortalecer las medidas de protección de menores frente al aumento del juego problemático, en línea con las recomendaciones europeas y la legislación estatal. La decisión del tribunal refuerza la postura del ejecutivo valenciano, que ha priorizado la salud pública y la protección social en un escenario de debate sobre la regulación del sector en España.
El gobierno autonómico, liderado por el Consell del Botànic, ha defendido estas medidas como parte de su estrategia de gobernanza, en un momento en que la Comunitat Valenciana ha enfrentado presiones de sectores económicos afectados por las restricciones, incluyendo la hostelería y los propios salones.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió en octubre de 2022 una sentencia que avala la legalidad de limitar la apertura de nuevos establecimientos de juego mediante distancias mínimas, considerando que estas medidas responden a un interés general y son proporcionales, lo que ha sido determinante en la resolución del TSJCV.
Este fallo en el ámbito judicial refleja la consolidación de la regulación autonómica en materia de juego, en un contexto en el que las comunidades autónomas buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección social, en un entorno de creciente regulación normativa y presión social para prevenir el juego patológico y proteger a los menores.
En el marco político más amplio, estas decisiones en la Comunitat Valenciana se inscriben en una tendencia nacional e europea hacia una mayor regulación de la actividad del juego, en un contexto de preocupación por los efectos sociales y de salud pública, que influye en la formulación de políticas públicas y en la jurisprudencia sobre la materia.