Empresarios buscan unidad en decreto anti-hiperregulación para retener inversiones en su comunidad.

En un fuerte respaldo a la iniciativa del Consell contra la sobrecarga regulatoria, los líderes empresariales de la Comunidad Valenciana han hecho un llamado al consenso político para asegurar que este decreto, que actualmente se encuentra en tramitación en Les Corts, se aplique de manera efectiva. Su objetivo es evitar que los proyectos clave se retrasen y que se produzcan fugas de inversión hacia otras regiones.

Durante una reunión de la comisión de Economía en Les Corts celebrada el martes, las figuras al frente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, expresaron sus inquietudes en un contexto de participación ciudadana en torno a este proyecto.

Aprobado por el Consell a finales del año anterior, este decreto representa la segunda etapa de un ambicioso programa de simplificación administrativa. Su implementación implica la eliminación o modificación de 96 normativas y establece que la creación de nuevas regulaciones debe ir acompañada de la eliminación de normativas redundantes. Este marco afecta, entre otras áreas, a los plazos para obtener licencias de construcción de viviendas y al reconocimiento de la dependencia.

Vicente Lafuente subrayó que la necesidad de simplificación se siente de manera urgente en el ámbito empresarial de la comunidad y argumentó que esto no solo beneficiaría a los empresarios, sino a toda la ciudadanía. Defendió que no se trata de un privilegio para el sector empresarial, sino de una herramienta que optimiza el funcionamiento administrativo.

“Una administración que se enfoca en la simplificación no pierde control, al contrario, incrementa la eficiencia, la transparencia y su capacidad de respuesta”, enfatizó Lafuente, quien también solicitó que el decreto venga acompañado de inversiones para modernizar la administración y de un robusto servicio de inspección que garantice su efectividad.

El presidente de la CEV también ahondó en cómo las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas por la burocracia, observando que cualquier demora puede significar la pérdida de clientes o dificultades en acceder a financiamiento, un reto que afecta especialmente a los jóvenes emprendedores.

Según su intervención, los retrasos en proyectos importantes relacionados con la urbanización, energía, industria y logística son notables, evidenciando problemas como la duplicación de informes, falta de coordinación entre administraciones y plazos inciertos que generan una atmósfera de incertidumbre.

“Los resultados son claros: hay proyectos que tardan años en ejecutarse o que se trasladan a otras regiones, lo que impacta negativamente en nuestra competitividad frente a otras comunidades autónomas”, lamentó, señalando la hiperregulación como responsable de problemas en áreas críticas como la vivienda y los servicios sociales.

Por lo tanto, Lafuente hizo un llamado a que este decreto sea objeto de consenso y se aplique de manera efectiva, advirtiendo sobre la necesidad de no permitir que pierda su esencia durante la fase de participación y deseando que se convierta en una política consensuada en la Comunidad Valenciana, independientemente de los cambios de gobierno.

De igual manera, José Vicente Morata respaldó el decreto considerado “ambicioso” y advirtió sobre la urgencia de su correcta implementación. Insistió en que la simplificación es crucial para el ecosistema empresarial valenciado, que se compone predominantemente de pymes, microempresas y autónomos, quienes son los más vulnerables frente a la burocracia.

Morata destacó el “freno silencioso” que representa la sobre-regulación para el crecimiento, con proyectos que se enfrentan a retrasos de meses o incluso años, esto se traduce en oportunidades perdidas o desplazadas a lugares con marcos normativos más eficientes, un problema acentuado en los sectores industrial, energético y urbanístico.

Se cuestionó cómo es posible que un fabricante de componentes automovilísticos deba esperar tres años para iniciar producción en un entorno donde debería ser capaz de hacerlo en meses. Además, Morata citó los trabajos de reconstrucción tras la reciente dana como un ejemplo cristalino de la ineficacia administrativa, sugiriendo que los recursos otorgados a los ayuntamientos deben ser utilizados eficientemente y no pueden escasear por falta de medios técnicos.

El presidente de las Cámaras también enfatizó que todas las normativas de simplificación deben ceñirse a los márgenes legales, una cuestión que ve esencial concienciar tanto a funcionarios como a empresarios. Centró su mirada en la crisis de la vivienda, considerando este asunto como una de las principales problemáticas sociales que requerirá medidas específicas para aumentar la disponibilidad de suelo.

Finalmente, hizo un llamado para que el decreto no sea solo un proyecto del Consell, sino que se convierta en “una herramienta al servicio de la sociedad valenciana”, insistiendo en la necesidad de un consenso político amplio. “Cada trámite que se simplifica representa una oportunidad anticipada; cada proceso que se agilidad es empleo que llega más pronto; y cada barrera eliminada significa ganar competitividad”, concluyó.

En el actual contexto geopolítico y ante la situación en Oriente Medio, Morata expresó su decepción por la falta de un mercado único europeo capaz de enfrentar estos retos complejos.

Desde el ámbito político, Mª Carmen Contelles (PP) reconoció que se trata de una ley ambiciosa que “afecta casi a cien normativas”, subrayando que no hay “informe negativo” en contra del mismo, solo “observaciones”. También expuso que “la simplificación no es solo un tema ideológico, sino que aborda un problema económico y social”.

Por su parte, Ramón Abad (PSPV) aseveró que su partido no se opondrá a “toda iniciativa que busque hacer la administración más eficiente”, aunque criticó que el decreto incluya disposiciones que podrían “dañar el territorio” dentro de un modelo urbanístico “perjudicial”.

Aitana Mas, de Compromís, se alineó con la necesidad de modernizar la administración y reubicar la industria, pero planteó dudas sobre si la administración valenciana realmente está lista para abrazar la digitalización: “Estamos a años luz de tener una administración plenamente digitalizada”.

Finalmente, Mª Teresa Ramírez, diputada de Vox, destacó que la simplificación es “una de las banderas” de su partido y solicitó un mayor impulso en este decreto para incluir medidas que faciliten el relevo generacional en las pymes.