Jueza cita a Mazón como testigo y solicita sus registros de llamadas y mensajes.

La magistrada ha decidido convocar nuevamente a Salomé Pradas para llevar a cabo una prueba caligráfica relacionada con un documento presentado por el Subdirector de Emergencias de la Generalitat.

En Valencia, el 24 de marzo, la juez encargada del Tribunal de Instancia de Catarroja, que está investigando la gestión de la inclemencia climática ocurrida el 29 de octubre de 2024, evento que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia, ha decidido llamar a testificar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Esta decisión fue comunicada a las partes involucradas en un auto emitido el pasado martes. En el documento, la magistrada expone que un fallo reciente de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en respuesta a su solicitud de investigación sobre Mazón, "excluye" su responsabilidad en caso de omisiones, ya que, según lo indicado, no se le reconoce la condición de garante.

La instructora también señala que el TSJ no ha encontrado indicios de delito en la posible participación activa de Mazón en el envío del ES-Alert. Por este motivo, ella afirma que no es posible prever la obtención de pruebas que pudieran conllevar responsabilidades penales contra el expresidente. Esta situación, según el auto del TSJ, no impedirá que se lleve a cabo su declaración como testigo.

El auto estipula que la declaración testifical de Mazón y la notificación al actual diputado autonómico para que proporcione de forma voluntaria los mensajes y llamadas telefónicas del 29 de octubre relativos a la dana se realizarán una vez que el fallo del TSJCV sea definitivo.

Asimismo, en esta misma resolución, la juez ha decidido que Ruth Merino, quien fue portavoz del Consell en esa fecha, también testifique. Además, se ha solicitado a varios alcaldes que proporcionen al tribunal los listados de sus llamadas y mensajes del 29 de octubre en comunicación con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto emitido y notificado hoy, la magistrada ha exigido a una asociación que deposite una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de a la Asociación de Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud.

Finalmente, la jueza ha acordado convocar de nuevo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, con el propósito de que clarifique aspectos de su declaración anterior, y también a la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, para que se realice una prueba pericial caligráfica en relación a un documento manuscrito presentado por el mencionado subdirector.