La Diputación de Alicante considerará en su próximo pleno una moción para establecer una comisión que analice el bono comercio.

ALICANTE, 25 de marzo.

La Diputación de Alicante se prepara para discutir y probablemente aprobar una moción con el propósito de establecer una comisión de investigación enfocada en la administración de los bonos comercio. Esta decisión fue anunciada por la vicepresidenta primera, Ana Serna (PP), durante una reunión extraordinaria solicitada por el grupo socialista.

El origen de esta solicitud se encuentra en la liberación con cargos del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño. Su arresto tuvo lugar en el contexto de una investigación independiente impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, que surgió tras una denuncia relacionada con el programa de bonos que se implementó en 2022 y 2023 en diversas localidades de la provincia.

Vicente Arques, portavoz del PSPV en la Diputación, expuso que durante la presidencia de Carlos Mazón, el actual 'expresident' de la Generalitat Valenciana, se asignaron 58 millones de euros para los bonos, los cuales fueron gestionados principalmente a través de los ayuntamientos y de Facpyme, la misma entidad que preside Baño. Este último, además, es administrador único de Nexo Retail Alicante SL.

Asimismo, el grupo socialista destacó que las bases para el bono comercio de 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo, y que Baño asumió la presidencia de la Cámara el 29 de junio, seguido por la creación de su empresa, vinculada a la gestión de estas campañas el 13 de julio.

Durante la sesión plenaria, Arques subrayó que esta empresa generó, en los primeros cinco meses de 2022, unas ganancias de 513.000 euros a partir de una facturación de 677.000 euros, lo que representa un sorprendente 75 por ciento de beneficios. En 2023, sus ingresos alcanzaron los 375.000 euros, con un margen de beneficio del 40 por ciento.

El portavoz socialista también destacó la conexión entre la Cámara y la Diputación, especialmente en lo relativo a diferentes subvenciones recibidas, y aludió a que Baño tiene una relación cercana con Mazón.

La reunión extraordinaria incluyó un segundo punto que consistió en la propuesta para establecer una comisión de investigación que aclare la gestión del programa de bono comercio, su evolución administrativa y los controles aplicados durante su implementación. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad entre los grupos presentes, incluidos PP, PSPV, Compromís y Vox. Sin embargo, en una propuesta para que el presidente de la Diputación, Toni Pérez, compareciera, los ‘populares’ se opusieron mientras que Compromís y Vox se abstuvieron, dejándolo en manos de los socialistas.

En respuesta a la falta de intervención de Pérez, Serna enfatizó que las normas de la Diputación no permiten su comparecencia, aunque él está dispuesto a hacerlo tras la creación de la comisión, insistiendo en que “no hay nada que ocultar”.

La vicepresidenta se mostró escéptica sobre la necesidad de esta comisión dado que ya existe una investigación judicial en curso, argumentando que por lo general, se debe permitir que la justicia actúe libremente.

Con respecto a la transparencia, Serna mencionó que el objetivo primordial del equipo de gobierno es garantizarla, y que se llevará a cabo la votación correspondiente en el pleno de la próxima semana.

También resaltó que las bases de los bonos se introdujeron para contrarrestar las repercusiones económicas de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, defensando que, mientras ciertos sectores pueden haberse visto envueltos en escándalos, la Diputación se dedicó a mitigar los efectos de la crisis.

Serna hizo hincapié en que los socialistas apoyaron la implementación de esos bonos y aclaró que los fondos se otorgaron a cada ayuntamiento basándose en criterios determinados, con un seguimiento fiscal por parte del departamento económico de la Diputación.

La vicepresidenta, también alcaldesa de Albatera, aseguró que su municipio no colaboró con Facpyme y que Pérez, en su doble rol como presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, tampoco lo hizo, afirmando que los ayuntamientos gestionaron los fondos según sus capacidades.

Desde Compromís, su portavoz, Ximo Perles, sostuvo que es necesario investigar lo sucedido y aclarar que la Cámara de Comercio actúa como una corporación pública, no como una entidad privada.

Perles mostró interés en comprender mejor cómo se presentan las justificaciones para subvenciones, mencionando la necesidad de mayor transparencia sobre los ingresos correspondientes a Alicante Gastronómica.

Argumentó que ha habido casos en los que el dinero de la Diputación se ha utilizado de manera que beneficia a Facpyme, sugiriendo un posible uso indebido de los recursos públicos.

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, subrayó que el tema está actualmente en manos de la justicia, reconociendo la necesidad de que la Diputación colabore en la investigación, manifestándose a favor de la formación de la comisión.

Finalmente, Arques expresó su desacuerdo, cuestionando la falta de intervención de Pérez en el pleno y sugiriendo que pudo haber utilizado una triquiñuela reglamentaria para evitar comparecer, a la vez que empezó a plantear dudas sobre la existencia de información privilegiada respecto al programa de bonos comercio y las investigaciones en curso.