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Medio Ambiente 15 de Abril de 2026 · 10:25h 2 min de lectura

La exjefa de Meteorología de À Punt afirma que la dana se preveía con cinco días de antelación

La exjefa de Meteorología de À Punt ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que las predicciones anticiparon el evento con al menos cinco días de antelación. La catastrófica inundación dejó 230 víctimas mortales en la provincia, y las declaraciones apuntan a una previsión concreta y precisa que no se tradujo en una respuesta efectiva.

El contexto político en torno a esta tragedia incluye la investigación judicial que involucra a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. La gestión de la emergencia y la coordinación de las alertas emergen como aspectos clave en un escenario donde la responsabilidad política y técnica está bajo escrutinio.

La declaración de la experta revela que, desde cinco días antes, ya se conocía la zona en la que las lluvias serían más intensas, principalmente entre los ríos Túria y Júcar. La predicción fue concreta y se comunicó a la dirección de À Punt para preparar la cobertura mediática y alertar a la población. Sin embargo, la magnitud de la desastre evidencia posibles fallos en la respuesta y en la gestión de riesgos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la precisión en las predicciones meteorológicas y en la comunicación de riesgos en un contexto de cambio climático, donde eventos extremos son cada vez más frecuentes. La tecnología y la coordinación entre organismos son factores clave para mejorar la respuesta ante emergencias similares en el futuro.

Desde el punto de vista político, la tragedia ha reavivado debates sobre la gestión del riesgo en la comunidad valenciana y la necesidad de reforzar los sistemas de alerta temprana. La investigación judicial apunta a esclarecer responsabilidades y a fortalecer las políticas públicas en materia de protección civil y meteorología en la región.

De cara al futuro, la transparencia en la gestión y la inversión en infraestructuras y tecnologías predictivas serán fundamentales para prevenir daños mayores en eventos similares, en un contexto de mayor vulnerabilidad por el cambio climático.

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