La Generalitat eleva un 7% el precio máximo de vivienda protegida para 2026, ante incremento de costes
La Generalitat Valenciana ha aprobado un incremento del 7% en el valor máximo del metro cuadrado de viviendas protegidas, situándose en 2.568 euros. Esta revisión responde a un aumento sostenido de los costes de construcción, que han crecido un 57% desde 2019, según un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. La medida busca garantizar la viabilidad de nuevas promociones de vivienda pública en un contexto de escalada de precios.
El incremento, publicado en el DOGV, se fundamenta en un análisis técnico que refleja cómo factores internacionales como pandemias, conflictos y la escasez de mano de obra han elevado los costes. La actualización busca también facilitar el acceso de los jóvenes a viviendas protegidas, manteniendo ratios asequibles frente a los precios del mercado libre, que han alcanzado cifras muy superiores.
Este cambio tiene implicaciones directas en el desarrollo de nuevas promociones y en la política pública de vivienda. La normativa establece que se aplicará a expedientes con calificación provisional desde la entrada en vigor, el 15 de agosto, y a otros ya en proceso, mediante una disposición transitoria. La medida responde a la necesidad de ajustar los instrumentos de regulación a la realidad económica actual.
Desde el ámbito académico y técnico se resalta que la revisión es una corrección necesaria. La Cátedra de la UPV advierte que, sin ajustes, el coste de construir viviendas protegidas se había quedado por debajo del coste real, poniendo en riesgo el impulso de nuevas promociones. La actualización busca mantener la sostenibilidad del sistema de vivienda protegida en la comunidad.
El contexto político refleja una gestión que busca equilibrar la demanda social y la sostenibilidad económica. La Generalitat ha justificado el incremento como una medida para consolidar la recuperación del sector y responder a las circunstancias globales que afectan al mercado de la construcción. La decisión también se enmarca en los esfuerzos por cumplir los objetivos de vivienda pública en la región.
En perspectiva, esta actualización muestra la necesidad de mecanismos flexibles y adaptativos en la regulación de la vivienda protegida. La previsión de una revisión automática en 2027, además de ajustes ante circunstancias extraordinarias, apunta a un compromiso con la sostenibilidad a largo plazo. La política de vivienda en la Comunitat Valenciana continúa enfrentando el reto de equilibrar costes, demanda y sostenibilidad futura.