La Generalitat exige servicios mínimos del 100% para tribunales de la PAU en 2026

La Generalitat Valenciana ha solicitado que el personal docente que forma parte de los tribunales evaluadores de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tenga asignados servicios mínimos del 100%. La medida busca garantizar la celebración de las pruebas programadas para junio y julio de 2026 en condiciones de igualdad.

Este requerimiento llega en un contexto de conflicto laboral, ya que la Asamblea de Profesorado Corrector, compuesta por más de 250 docentes, ha anunciado que renunciará a sus funciones en bloque en caso de que las negociaciones para evitar una huelga indefinida no progresen. La huelga, que amenaza con paralizar la corrección de los exámenes, responde a tensiones sobre condiciones laborales y reconocimiento profesional.

Desde la Generalitat, se argumenta que la medida de servicios mínimos se fundamenta en la protección del derecho a la educación, reconocido en la Constitución, y en la normativa estatal sobre acceso universitario. Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado estos servicios mínimos en decisiones anteriores relacionadas con huelgas en el sector educativo.

La decisión política refleja un equilibrio entre garantizar la celebración de una prueba clave para la juventud valenciana y gestionar la conflictividad laboral. La administración insiste en que la medida no limita el derecho a huelga de los docentes, sino que prioriza el interés general del alumnado y la estabilidad del proceso de evaluación.

Analistas políticos consideran que esta decisión evidencia la tensión persistente entre el gobierno autonómico y el profesorado, en un contexto de negociaciones que parecen estancadas. La movilización del colectivo docente y las decisiones judiciales refuerzan la complejidad de mantener la normalidad en la selectividad en un escenario de conflictividad laboral.

De cara al futuro, la comunidad educativa y las instituciones administrativas afrontan el reto de encontrar un equilibrio que permita garantizar derechos laborales sin comprometer la igualdad de oportunidades para los estudiantes. La planificación de la PAU en 2026 será un test de la capacidad de diálogo y gestión de conflictos en el sistema educativo valenciano.