La Generalitat refuerza la transparencia en adjudicación de viviendas protegidas mediante registro público

La Generalitat Valenciana ha aprobado una modificación del Decreto 180/2024 para instaurar un registro público en la adjudicación de viviendas protegidas. Esta medida busca incrementar la transparencia y garantizar criterios de igualdad en el proceso, afectando a promociones públicas y privadas.

La reforma responde a un contexto político donde el gobierno autonómico intenta consolidar principios de legalidad y justicia social en el acceso a la vivienda. Se da en un momento en que la gestión de la vivienda social ha sido objeto de debate, especialmente tras cambios legislativos previos que redujeron controles en el pasado.

Las implicaciones de la modificación incluyen un control más estricto en la selección de adjudicatarios, con plazos claros, baremaciones transparentes y publicación de listados. Esto busca fortalecer la confianza en el sistema, tanto entre los ciudadanos como en el sector promotor.

Desde una perspectiva política, la medida refleja un giro hacia una mayor regulación en la gestión del plan Vive, en respuesta a reclamaciones de alcaldes y ciudadanos que demandaban mayor arraigo territorial y justicia social en la distribución de viviendas.

De cara al futuro, la creación de la comisión de valoración y el fortalecimiento del visado administrativo pretenden prevenir irregularidades y asegurar que el proceso se ajuste a los principios legales y sociales. Esto podría marcar un cambio sustancial en la administración de la vivienda protegida en la comunidad.

En un contexto más amplio, estas reformas se inscriben en la estrategia del Consell por modernizar y reforzar la gestión pública en políticas sociales clave, proyectando una mayor transparencia y control en la próxima década.