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C. Valenciana 25 de Marzo de 2026 · 09:53h 2 min de lectura

La Guardia Civil interviene en Mutxamel por parcelaciones ilegales de 25 individuos en terrenos rústicos.

ALICANTE, 25 de marzo.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una amplia investigación relacionada con la ordenación territorial en la zona de Baiona Baixa, situada en el municipio de Mutxamel, Alicante. En el curso de esta investigación, un total de 25 individuos han sido señalados por su posible participación en delitos vinculados a parcelaciones ilegales.

La alerta sobre actividades urbanísticas irregulares comenzó en julio de 2025, cuando las autoridades pudieron detectar indicios de comportamientos anómalos en una zona clasificada como suelo no urbanizable, tal como ha comunicado el Instituto Armado.

Dentro de la operación, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Xixona verificaron que una extensión de más de 12.000 metros cuadrados había sido fraccionada en 14 subparcelas menores. En estas subdivisiones se habían instalado diversas construcciones, incluyendo casas móviles y contenedores, que estaban siendo utilizadas como residencias, lo que representa una transgresión al clasificar el terreno de agrícola a residencial sin los permisos necesarios.

A través de las pesquisas realizadas, se logró identificar a 25 personas, cuyas edades oscilan entre los 25 y 67 años, todos copropietarios del terreno original y que implicaron en la ocupación y aprovechamiento de estas divisiones irregulares. La investigación, que se ha prolongado por cerca de seis meses, ha sido trasladada a la autoridad judicial correspondiente, que prosigue con el proceso de instrucción del caso.

La Guardia Civil advierte sobre las graves consecuencias legales, económicas y administrativas que pueden surgir de la compra o el uso de terrenos catalogados como no urbanizables para fines residenciales. Esto incluye sanciones, órdenes de restitución a la legalidad urbanística y demoliciones de las estructuras ilegales. Adicionalmente, estas construcciones irregulares carecen de las debidas garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede provocar daños mayores y complicar el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o saneamiento.

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